La inversión extranjera es una de las principales debilidades de la economía ecuatoriana. En 2024 llegaron apenas 232,1 millones de dólares, según el Banco Central del Ecuador. Un año antes fueron 475 millones.
El dinero en 2024 llegó principalmente a los sectores manufacturero, de transporte, almacenamiento y comunicaciones.
La actual administración, al igual que las anteriores, busca revertir esta tendencia a la baja y lograr la llegada de capitales para financiar proyectos, sobre todo en los sectores eléctrico, petrolero y minero.
Los esfuerzos aún no han dado los resultados esperados. Ecuador sigue siendo poco atractivo en el contexto internacional. En la edición 2023 del Índice de Atractivo para la Inversión Minera del Instituto Fraser, Ecuador ocupa el puesto 64 entre 86 países.
Está lejos de competidores de la región como Brasil, que está en el puesto 29; Chile, en el 38; y Perú, en el 59. Además, Ecuador perdió terreno, ya que en 2022 ocupó el puesto 27 entre 62 países.
Ahora, con la apertura del Catastro Minero, el Gobierno de Ecuador busca atraer capitales para los proyectos mineros.
Pero hay variables que se deben considerar. La primera es lograr que la relación entre la actividad minera y los sectores sociales, indígenas y ambientalistas permita el avance de los proyectos hacia las fases de exploración avanzada y explotación.
Para ello, es necesario replicar modelos que han dado resultados en el mundo e, incluso, en el propio Ecuador. Son minas que han minimizado el impacto ambiental y han generado empleo y emprendimientos en sus zonas de influencia.
Otro aspecto es la seguridad jurídica, que incentive la inversión.
Un tercer aspecto es el control de la minería ilegal. El Directorio de la Cámara de Minería del Ecuador aseguró que entre el 50 % y el 60 % de las exportaciones ecuatorianas de oro corresponden a minería ilícita.
El régimen creó una tasa para combatir esta actividad ilegal. Se espera recaudar 220 millones de dólares. El Ministerio de Energía justificó que no se trata de un impuesto, sino de una contraprestación por un servicio público de fiscalización. Sin embargo, este gremio pide un diálogo sobre la aplicación de la tasa.
