La importante operación militar y policial para conducir desde Macas -capital de Morona Santiago- hasta Quito y de allí a una celda del ex penal García Moreno a Pepe Acacho, dirigente shuar, sorprende.
Se acusa a Pepe Acacho de terrorismo. Todo tiene que ver con otro 30 de septiembre, en esta ocasión del 2009, cuando murió en un incidente hasta ahora no esclarecido el profesor shuar Bosco Wizuma. Las autoridades acusan a los manifestantes. Los pobladores dicen que el perdigón que mató al profesor salió desde las filas policiales. La Fiscalía miró a Radio Arutam, emisora de la Federación Shuar del Ecuador, uno de los más importantes pueblos originarios de nuestro territorio, y le endilgó responsabilidad por haber alentado a la protesta.
Otros procesos judiciales contra dirigentes indígenas se establecieron con acusaciones de sabotaje cuando manifestaron frente a una reunión en la que participaban presidentes del eje bolivariano en Otavalo y se produjeron desmanes y represión.
El coronel Carrión, ex director del Hospital de la Policía, está encausado por los sucesos del 30 de septiembre de 2010. También el mayor Fidel Araujo guarda prisión.
La acusación de sabotaje, terrorismo y conspiración está en la punta de la lengua de autoridades y se emplea en procesos judiciales con facilidad. Este asunto lo debe observar la comunidad internacional. Tiene que ver con las libertades públicas y los derechos humanos en el Ecuador.
Cedhu, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, señaló a propósito de la detención de Acacho sin boleta oficial que se trata de criminalizar a los dirigentes indígenas.
Para detener a Acacho se montó un gran operativo, mientras los ciudadanos se sienten indefensos ante la inseguridad y el Régimen se muestra impotente.