Una acción de la Contraloría y un apoyo de fondo de la Comisión Cívica Anticorrupción pidió el Alcalde.
Mediante un comunicado, luego de dos días de la difusión de sospechas de sobreprecio en millonarias compras de pruebas, llegó el sacudón.
La remoción de funcionarios de confianza del burgomaestre fue informada sin especificar a cuántos personeros se les pidió la renuncia.
El documento demanda además una acción pronta de la Contraloría General del Estado para investigar.
Así mismo estima la primera autoridad del Distrito Metropolitano que el soporte de la Comisión Cívica Anticorrupción puede ser positivo.
En la mañana del miércoles fueron allanadas las oficinas municipales y de una vivienda particular. La Fiscalía actuó en atención a las denuncias de presuntos sobreprecios en millonarias adquisiciones de pruebas PCR para determinar el covid-19.
Apenas se hizo pública la información del allanamiento por los medios de comunicación, el Alcalde removió a Lenín Manilla. El responsable del área de salud del Municipio había tenido dos meses de alto perfil por las acciones en su importante área.
En realidad era una reacción indispensable la que adoptó el Alcalde, y la hizo rápidamente. Ahora el exfuncionario deberá defenderse sin el cobijo institucional del Cabildo.
Una reacción que siempre debiera presentarse cuando de un funcionario público se trata, reservando, eso sí, su derecho al debido proceso y a una defensa transparente.
Aunque lo ideal es que para altos cargos y para todas las funciones públicas, el proceso de selección debiera ser riguroso y estar rodeado de un análisis profundo. Se impone escoger perfiles profesionales y de experiencia; sobre todo la ética pública y privada deben primar.
La de Quito es una más de una cadena de denuncias sobre corrupción y sobreprecios en compras en medio de la emergencia sanitaria.
Una vez más, cabe pedir celeridad y seriedad en la investigación judicial. Que brille la verdad, que se ventile el uso de dineros públicos que en una tragedia de salud deben ser sagrados.