Quito no puede normalizar la desaparición de mujeres
Quito debe investigar de inmediato las desapariciones de mujeres y enfrentar la violencia de género.
La desaparición de mujeres en Quito no puede leerse como una sucesión de episodios aislados que ocupan titulares durante unas horas y luego desaparecen del debate público.
Cada caso tiene circunstancias propias, pero su repetición obliga a preguntar qué riesgos enfrentan las mujeres en la ciudad, cómo responde el Estado y cuánto ha normalizado la sociedad la inseguridad que limita su vida cotidiana.
Nathaly Juliette Mafla, estudiante de 20 años de la Escuela Politécnica Nacional, desapareció el 4 de junio. Su cuerpo fue hallado cinco días después en una quebrada de La Vicentina. La Fiscalía mantiene abierta una investigación por presunto femicidio, por lo que todavía no corresponde establecer responsabilidades ni causas definitivas.
Lizeth Esthela Bunshi Muñoz, estilista de 28 años y madre de un niño, permanece desaparecida. Salió de su vivienda el 18 de julio y su rastro se perdió durante un recorrido que terminó cerca del río Machángara. Bomberos, Policía y Fiscalía mantienen la búsqueda. Cristian Gonzalo V. L., la última persona registrada junto a ella, cumple prisión preventiva dentro de un proceso por presunta desaparición involuntaria. La medida cautelar no equivale a una condena.
Doménica Palacios, de 18 años, fue reportada como desaparecida el 20 de julio en Iñaquito y localizada con vida dos días después en Chillogallo. Sus familiares informaron que presentaba golpes y desorientación. Los exámenes médico-legales deberán esclarecer qué ocurrió; cualquier versión previa sigue siendo provisional.
Los tres casos no pueden colocarse bajo una misma explicación ni toda desaparición de una mujer constituye violencia de género. Sin embargo, tampoco sería responsable ignorar el contexto.
La Encuesta Municipal sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género de 2025 señala que el 60,27% de las mujeres del Distrito Metropolitano reportó haber sufrido alguna forma de violencia durante los 12 meses anteriores. A lo largo de la vida, la proporción llega al 91,15%.
La desaparición es, además, un problema nacional más amplio. Ecuador registró 7 459 denuncias en 2025 y 854 personas continuaban sin localizar al terminar ese año. La mayoría de casos no deriva en femicidio, pero cada denuncia exige búsqueda inmediata. La Fiscalía recuerda que no existe un plazo de 24 horas para empezar: la investigación debe activarse sin dilación.
El desafío estatal no consiste solo en desplegar equipos cuando un caso se vuelve visible.
Requiere integrar información sobre violencia doméstica, amenazas, denuncias anteriores, recorridos, cámaras y comunicaciones; coordinar instituciones y acompañar a las familias sin convertirlas en investigadoras improvisadas.
También los medios y las redes deben evitar hipótesis sin sustento, exposición innecesaria y juicios sobre la conducta de las víctimas. Informar no es alimentar el morbo.
La atención pública ayuda a buscar, pero pierde sentido cuando transforma el dolor familiar en espectáculo o atribuye culpas antes de que existan pruebas firmes.
Una ciudad se vuelve inhabitable cuando salir a estudiar, buscar empleo o encontrarse con amigos implica administrar el miedo. Quito no puede garantizar que nunca ocurra una desaparición. Sí puede decidir que ninguna sea minimizada, investigada tarde o absorbida como parte inevitable del paisaje.
