Petróleo caro, decisiones pendientes en Ecuador

El repunte del precio del petróleo, impulsado por la escalada de tensiones entre Irán, EE.UU e Israel, volvió a colocar a Ecuador en una posición incómoda: la de un país petrolero que no logra beneficiarse plenamente de los ciclos alcistas.

Mientras el mundo enfrenta una nueva presión energética, el país confirma una vulnerabilidad más que conocida. Depende de combustibles importados y sostiene un esquema de subsidios que amplifica el impacto fiscal en momentos de crisis.

El efecto es inmediato. El encarecimiento del crudo eleva el costo de los derivados que Ecuador importa -diésel y gasolinas-, presiona el transporte y se traslada al precio de bienes y servicios. Además, el mayor peso recae sobre las finanzas públicas. El Estado mantiene subsidios directos e indirectos, entre ellos el diésel para generación eléctrica y el GLP.

También sostiene compensaciones económicas al transporte urbano e interprovincial que, aunque nacieron como transitorias, se han extendido. El gasto estatal total de combustibles supera los tres mil millones de dólares anuales. Todo esto ocurre en un contexto en el que el déficit fiscal proyectado alcanza los 5 400 millones de dólares y el servicio de deuda bordea los 14 mil millones de dólares.

A esta presión estructural se suma un factor coyuntural que agrava el escenario. La limitada capacidad de refinación incrementa los riesgos. El último incendio en la Refinería de Esmeraldas obligó a aumentar la importación de combustibles y elevó los costos de abastecimiento.

En paralelo, el sistema de bandas -diseñado para amortiguar la volatilidad- permite alzas mensuales de hasta 5%, según Petroecuador. Por eso, se anticipan nuevos ajustes en el precio del diésel si el petróleo se mantiene por encima de los 85 dólares por barril. En consecuencia, el margen de maniobra se reduce.

En este contexto, la discusión sobre las medidas deja de ser técnica y pasa a ser política. Las soluciones aplicadas -congelamientos parciales, subsidios generalizados o compensaciones- funcionan en el corto plazo. Sin embargo, resultan fiscalmente insostenibles en el mediano plazo.

La evidencia, tanto local como internacional, apunta en otra dirección. Se requiere focalizar subsidios, mejorar la eficiencia del gasto y fortalecer la capacidad de refinación. Son decisiones complejas, pero necesarias para reducir la exposición del país a shocks externos.

El problema de fondo no es el precio del petróleo, sino la fragilidad del modelo energético. Cada crisis global lo expone con mayor claridad. Ecuador enfrenta, una vez más, el costo de postergar reformas estructurales. Por ello, el margen para decidir se achica a medida que el precio del crudo sube.