En el Cpccs se sigue postergando lo que Ecuador necesita

Siete instituciones del Estado esperan autoridades titulares. En tanto, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) preparan su reelección de cara a las elecciones de noviembre de 2026. La paradoja es evidente: el organismo que debe garantizar procesos transparentes de selección se convirtió en el principal obstáculo de esos mismos procesos.

El calendario lo confirma, aunque no de la manera que cabría esperar. La Comisión Ciudadana de Selección resolvió el 1 de julio pedir al Pleno del Cpccs que suspenda los plazos del concurso para elegir al fiscal. Lo hizo con siete votos a favor y una abstención. Esto se debe a que el organismo no atendió a tiempo requerimientos indispensables, entre ellos pronunciarse sobre el informe final de méritos y recalificación.

Ese 1 de julio, el Pleno sesionó -en su sesión ordinaria 025– y aprobó nueve resoluciones sobre asuntos administrativos distintos. Desde admitir veedurías ciudadanas hasta pedir a la Asamblea Nacional que envíe su delegado para completar la propia comisión del concurso a fiscal. En ninguna de las nueve aparece el pedido de suspender los plazos.

Tampoco entró en la agenda de este miércoles 8 de julio. La convocatoria a la sesión ordinaria 026, firmada un día antes por el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, contempló dos puntos. Se trató la aprobación del acta de la sesión anterior y un oficio sobre el concurso para integrar la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa). Una semana después de que la comisión pidiera destrabar el concurso a fiscal, el Pleno no lo puso en agenda ni una sola vez.

Y cuando se le pidió que lo hiciera, tampoco cedió. Durante la verificación del quórum de la sesión de ayer, la consejera Piedad Cuarán pidió que el informe se tratara “de manera inmediata”. Fantoni respondió que no era coherente exigir esa urgencia cuando la propia Cuarán votó en contra de avanzar el concurso el 11 de junio, junto con la consejera Nicole Bonifaz. Agregó que las decisiones del Cpccs deben tomarse “con el Pleno correctamente conformado” -en referencia a los tres suplentes posesionados el 7 de julio, que todavía no se incorporan al organismo.

Este no es un caso aislado. El reglamento para el funcionamiento de las comisiones ciudadanas le da a la comisión un plazo fijo de cuatro meses para resolver el concurso de fiscal. Esto se cuenta desde que se convocó a los aspirantes a inscribirse. Ese plazo ya se cumplió el 1 de julio y todavía faltan la impugnación ciudadana y el examen escrito y oral.

Algo similar ocurre con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE): el Cpccs arrastra ese proceso desde 2021. Debía completar una segunda renovación en noviembre de 2024. No lo hizo. Los cinco vocales electorales –Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita, Elena Nájera y Esthela Acero– cumplieron su periodo de seis años. Y continúan en funciones prorrogadas.

El proceso, además, volvió a congelarse después de que un informe jurídico advirtiera que la comisión ciudadana había calificado a un grupo de catedráticos sin la documentación necesaria para descartar impedimentos legales.

La lista de pendientes es más larga. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) arrastra jueces prorrogados desde 2022 y 2025. La Defensoría del Pueblo no tiene titular desde 2021; hoy la ejerce, de forma encargada, César Córdova, quien entonces era secretario general del propio Cpccs.

Copisa -la misma que aparece en la agenda de este 8 de julio– y los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad suman hasta ocho años sin renovarse. El Comité Intersectorial de Fronteras, que la Asamblea creó por ley en 2018, todavía no tiene comisionados. En total son por lo menos seis concursos detenidos entre cuatro y ocho años, y uno más -el de Fiscalía– que avanza a medio camino.

Pese a esto, el interés por ocupar las siete vocalías del Cpccs no deja de crecer. El CNE recibió 309 postulaciones para el período 2027-2031: 163 hombres, 106 mujeres y 40 representantes de pueblos y nacionalidades, montubios, afroecuatorianos y migrantes. Esto según la lista del CNE del 30 de junio. Pero, el organismo también recibió denuncias contra 214 aspirantes.

Entre los aspirantes figuran consejeros en funciones, asesores activos, como Áxel García y Huáscar Ullauri, vinculados a la consejera Jazmín Enríquez; y exasesores de otras consejeras, como Xavier Montalvo, quien trabajó con Johanna Verdezoto. También aparece David Rosero, que ya ejerció dos periodos como consejero (2019-2023 y 2023-2027) y busca una tercera elección, algo que, según reportó El Universo, no podría lograr porque la Constitución permite la reelección por un período.

La composición del Pleno, además, cambió en las últimas semanas. El vocal Roberto Gilbert renunció el 18 de junio, en medio de una polémica. Este 7 de julio, la Asamblea posesionó a tres vocales suplentes –Johnny Escobar Coronel, Andrés Mendoza Paladines y Roger Vallejo Pérez– para llenar ese vacío, después de que un impedimento legal inhabilitara al primer llamado, Óscar Ayerve. Al asumir, el propio Escobar reconoció entrar al tramo final de la gestión de un organismo que, no ha logrado impulsar la renovación del CNE y mantiene sin avances serios el concurso de fiscal. “Lamentablemente, este organismo el pueblo lo sabe, está politizado”, dijo el nuevo consejero, quien aseguró que buscará despolitizarlo.

Fantoni retomó funciones el 6 de julio, tras unas vacaciones que coincidieron con su inscripción como precandidato a la reelección. Junto a él, la vicepresidenta Jazmín Enríquez y las consejeras Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto y Piedad Cuarán también buscarían continuar en el cargo.

Las elecciones Cpccs 2026 llegan el 29 de noviembre, cuando los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir a los consejeros que se posesionarán en mayo de 2027. El CNE adelantó esa fecha desde febrero de ese año, y ese adelanto no debería leerse como un simple ajuste de calendario. Es una oportunidad concreta para corregir, con el voto, un patrón de al menos tres años de concursos estancados, plazos vencidos y autoridades prorrogadas.

Con las elecciones Cpccs 2026 en el horizonte elegir bien exige no solo mirar las hojas de vida. Exige preguntar qué hicieron -o qué dejaron de hacer- quienes hoy buscan reelegirse, y examinar con el mismo rigor a los aspirantes que llegan desde dentro del propio organismo, ya sea como asesores o como exfuncionarios. La ciudadanía no puede permitirse otros cuatro años de fiscal encargado, jueces prorrogados y consejos sin representantes. El costo de una mala elección no lo pagará el Cpccs. Lo pagará, una vez más, la institucionalidad del país.