Condena a policía invita a debatir normas y procesos

La condena a tres años y cuatro meses de cárcel para Santiago Olmedo, cabo segundo de Policía, genera reacciones de todo tipo. El caso amerita que haya un examen sereno de los diferentes elementos involucrados en el tema y que pasan por la defensa de los ciudadanos que son víctimas de la delincuencia, los procedimientos que deben observar los miembros de la fuerza del orden y el debido proceso que se debe seguir cuando el caso llega al ámbito judicial.

Elementos que deben verse siempre bajo el irrestricto respeto a los derechos humanos de todos los involucrados.
El policía recibió esa condena porque los jueces lo hallaron culpable del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. El caso debe ser analizado en sus particularidades. La defensa y la institución policial aseguran que el 11 de junio de 2021 el uniformado defendía a un adolescente de un asalto en Riobamba, y que sí observó lo que se denomina uso progresivo de la fuerza.

Al final, el policía disparó -10 veces según se indicó en el juicio- y mató a dos presuntos delincuentes. 
La condena le resultó indignante al presidente Lasso, quien antes ya había propuesto enviar un proyecto de ley para dar más garantías a militares y policías para enfrentar a la delincuencia, sin que se vean limitados ante el temor de ser luego puestos ante los tribunales. La Fiscalía, que llevó la acusación, dijo que persigue delitos, no personas. Todo este interés que suscita el caso a tan alto nivel puede crear el ambiente propicio para tratar el tema a fondo.

Que los procedimientos que las fuerzas del orden deben observar a la hora de hacer uso de las armas letales queden claros es de vital importancia; no solo para que ellos actúen sino para que no se conviertan en un factor adicional de inseguridad. Si se trata de proteger la vida, pero también de terminar con ella, los procedimientos deben ser irrestrictamente observados, sin menoscabo alguno a los derechos humanos universalmente consagrados. A su vez, el debido proceso en el ámbito judicial tiene que observarse sin temor ni favor, más allá de que se establezcan apoyos institucionales a los involucrados.