La vía Guayaquil-Salinas fue concesionada por los próximos 20 años a una empresa privada. La rehabilitación debe ser efectiva.
El manejo de las concesiones para el mejor funcionamiento y el mantenimiento de la calidad de las carreteras se basa en un concepto sano de los intereses públicos y la participación privada.
Es verdad que las vías están bajo la estructura estatal en sus diferentes andariveles (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, prefecturas y municipios) pero la inversión privada, la maquinaria con que cuentan, su experiencia y su técnica constructiva, se debe aprovechar y potenciar.
Esta participación tiene especial significado cuando las arcas fiscales se agotan y el endeudamiento es alto.
Está claro que el sistema de concesiones debe operar de modo transparente, cumpliendo todos los pasos que manda la ley, con concursos limpios, sustentados técnicamente y con precios razonables. Debe cumplirse con las exigencias de la vía y su mantenimiento, y el cobro de peajes debe ser justo.
Una vez que el Estado ha agotado los recursos, la meta sigue siendo evitar estragos en los automotores, perjuicios a los conductores de vehículos y, en muchas ocasiones, accidentes de tránsito con dolorosas consecuencias.
Un ejemplo que acaso pueda graficar esta idea es el de la vía Panamericana; quizá haya que extremar los controles de velocidad y mejorar la señalización, pero la calidad ha superado el atraso que tuvo el país por décadas.