Uno de los problemas que la nueva arquitectura del Estado arroja, desde el advenimiento de la Constitución de Montecristi, es la acumulación de poder. El equilibrio de poderes, como base del sistema de pesos y contrapesos de la democracia, se ha sacrificado por las circunstancias políticas.
El Ejecutivo ejerce un poder que se entrelaza en toda la estructura del Estado. Un coideario del Presidente encabeza la Asamblea. El Presidente se propuso meter las manos a la justicia y lo consiguió. La independencia de esta función está supeditada a la agenda política. El Consejo Electoral está en manos de personas cercanas al Presidente. Su principal fue miembro del Gabinete de Correa. Antes se cuestionó la influencia de los partidos. Ahora una sola fuerza tiene injerencia.
En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde su formación, recibió cuestionamientos por su relación con actores políticos gubernamentales. Todas las autoridades de control y otros funcionarios claves en la nueva modalidad imaginada en Montecristi han pasado por un proceso de selección que ha dejado dudas y el resultado coloca a varios personajes cercanos al Régimen en tareas que demandan independencia. En la última convocatoria, el Contralor actual fue el que mayor puntaje sacó en las pruebas de calificación. La Contraloría es una institución que debe ser independiente y varias trabas legales impiden que actúe de manera expedita y sus informes puedan ser divulgados o tengan carácter mandatorio.
El modelo de concentración de poder y los organismos dependientes pueden ser un esquema peligroso donde la transparencia y los controles políticos propios de una sociedad democrática sean sacrificados.