Una ley que garantice la competencia en condiciones de estimular la inversión privada y evitar que se apliquen sistemas que impongan precios a los productores y al público es indispensable.
El Régimen alista un proyecto que enviará pronto a la Asamblea. Sin embargo, el prurito ideológico de ciertas visiones fundamentalistas habla de hipermonopolios. En realidad el monopolio, en el sentido etimológico de la palabra, casi no existe (un solo vendedor de un producto) en el Ecuador, como no sea el monopolio estatal (electricidad, gasolina, etc.).
Sí existe oligopolio o concentraciones exageradas de posiciones dominantes en el mercado. El censo dice que el 90% de las ventas las realizan 5 111 empresas.
Si no se aplica la teoría de la competencia perfecta, se forman carteles y grupos económicos imponen precios a los productores y proveedores y fijan precios al consumidor final, encareciendo el producto de modo artificial e impidiendo la libre competencia.
La realidad es que en el país hay pocas empresas grandes; más de medio millón de pequeños negocios dan trabajo a menos de 9 personas cada una. Cuando el Estado propicia una intervención irracional, el remedio suele ser peor que la enfermedad y se atenta contra la productividad. Las empresas públicas que intervienen en actividades del emprendedor privado tienden a los monopolios y son ineficientes.
Desde 1990 se han presentado cuatro proyectos de Ley de Competencia; uno de ellos fue vetado en el 2002. El gran problema de una ley así es el riesgo de una autoridad que se puede erigir en sumo sacerdote con plenos poderes discrecionales y que aplique la ley con sentido político y no técnico. Lo ideal sería abrir mercados, impedir prácticas monopólicas y estimular la inversión y el empleo.