La peor matanza en el interior de las prisiones ecuatorianas de la que se tenga memoria mostró sevicia: 80 muertes.
Hay varios factores dignos de analizar; aspectos que la sociedad debe resolver por una rémora de la justicia y la deplorable situación de derechos humanos: una bomba de tiempo.
El Gobierno, en la voz del Presidente y los adelantos escuetos del Ministro de Gobierno, reiteran que la disputa en los centros penitenciarios obedece a mafias internas con conexiones internacionales.
El control de territorios de microtráfico de drogas, los asaltos y los secuestros a control remoto, así como varios asesinatos al estilo sicariato presuntamente ordenados desde las prisiones, muestran la aterradora realidad: un problema mayúsculo de seguridad ciudadana.
Cabe investigar y pedir cooperación internacional para detectar las redes operativas y de aliados del crimen organizado, la guerrilla al servicio de las mafias y los traficantes de drogas y posibles nexos foráneos.
La situación se agrava con el hacinamiento. Una sobrepoblación carcelaria gigante. Leyes más duras no solucionan los problemas.
Cárceles donde los sentenciados por pensiones de alimentos se juntan con peligrosos asesinos y narcotraficantes no son un buen lugar. Que el 40% de los detenidos no tengan sentencia ejecutoriada o sus causas tarden largos años es un problema de la justicia pero una deuda integral de una sociedad atrasada en justicia y Derechos Humanos.
Un nuevo diseño de las cárceles, mal llamadas Centro de Rehabilitación donde nadie se rehabilita sino que es la escuela del crimen, urge.
Los detenidos de alta peligrosidad debieran concentrarse en una sola prisión. Los demás, en otros lugares. La vigilancia debe ser estricta para que no ingresen armas, drogas, mercadería de todo tipos.
Hace años se gastó millones en un centro de formación de guías penitenciarios que está abandonado en la provincia de El Oro.
Este asunto deberá ser una prioridad de la sociedad, del Estado y el próximo gobierno por la seguridad.