Una de las tareas fundamentales que en un país democrático tiene el Parlamento es investigar las denuncias de presunta corrupción. El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) ha impedido ventilar el caso del asambleísta Paco Velasco, ex presidente y accionista de Radio La Luna.
El bloque legislativo que cobijó al asambleísta Velasco reivindicaba los principios que llevaron al poder al supuesto cambio bajo el lema de una revolución ética.
Las prácticas endilgadas a lo que el discurso oficialista atribuía a la partidocracia, no tienen explicación válida y menos sustento ético ante la opinión pública.
La investigación exhibe contratos de publicidad de Radio La Luna con instituciones del sector público, pagados con dinero de las arcas fiscales que pertenecen al pueblo ecuatoriano. La legalidad de esos contratos, los montos y especialmente la presunta vinculación del conocido periodista con la emisora mientras se desempeñaba como legislador deberían conllevar una investigación exhaustiva y seria por parte de las autoridades competentes.
Independientemente de las acciones que debería emprender el ministerio público, no es excluyente sino complementario que la Asamblea esclarezca los alcances de esa presunta vinculación y que se trate en el Pleno, donde los asambleístas de las distintas bancadas le puedan formular todo tipo de preguntas al mencionado legislador y él tenga oportunidad para explicar su versión, como corresponde a un ejercicio libre y transparente en democracia.
La actitud del CAL, donde el voto del oficialista Pedro de la Cruz cambió, de un día a otro, ratifica la nula capacidad de fiscalizar del Legislativo y empaña la transparencia que un Gobierno “de manos limpias” debía mostrar.