La voluntad del alcalde Barrera es que el Municipio asuma las competencias del tránsito en Quito. Sin embargo, no solo basta esa voluntad. Habrá que esperar una reforma legal. Los deseos fincados en la Ley del Distrito Metropolitano, vigente hace diez años, tendrán que esperar.
Para el municipio es importante asumir tres aspectos: La planificación del tránsito -que ya está en sus manos- la regulación y el control. Por ahora el tema regulatorio ya lo tiene en ordenanzas como la de los controles mecánicos y de combustión que sí han aportado a mejorar la calidad del aire y las condiciones de circulación de los autos.
Para que el control pleno se efectivice en términos jurídicos hará falta la reforma a la Ley de Tránsito. Resulta que ahora las contravenciones deben ser juzgadas por tribunales y se acumulan cerca de un millón de boletas sin juzgamiento. Si las contravenciones leves pasan a ser sanciones de tipo administrativo será la manera de facilitar al Municipio su cobro legal.
Esta medida dotará al Cabildo de posibilidades de conseguir recursos, lo cual se sumará a los dineros que podría recaudar con la matriculación vehicular y los que ya obtiene como producto de la patente de rodaje.
El proceso de transición, se ha dicho, podría tardar un año y medio. Se debe capacitar personal con el concurso de la Policía Nacional y el Consejo de Tránsito, entidades que, por ahora, mantienen el control y que han mostrado sus flaquezas y deficiencias.
Preparar al personal para el traspaso, evitar la corrupción y mejorar los aspectos de control es una prioridad de Quito, una ciudad que merece algo más que las medidas restrictivas ya aplicadas y la ejecución plena y eficaz de un plan de movilidad.