Auditoría al 30 S

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El país sigue reflexionando sobre los alcances de la revuelta policial y la actuación de su mando político, policial y militar. Hará falta tiempo para procesar las implicaciones de un acto que costó varias vidas y cambió otras para siempre.

Por ahora, dos instituciones del Estado echan una mirada a los procesos de quienes fueron juzgados -222 fueron hallados culpables, de un total de 298 encausados-. Se trata de la Contraloría y el Consejo Nacional de la Judicatura.

En la Contraloría se pasa revista al uso y manejo de fondos públicos a raíz de la revuelta y el giro político y ensayo del relato que se quiso instalar con base a la versión que dio el Gobierno de entonces. Para defender una visión de los hechos -unidireccional y sin espacio para la discrepancia- se emplearon fondos públicos, se acudió a piezas audiovisuales en tono narrativo de documental y se empleó el aparato de la Secretaría de Comunicación para que la propaganda fuera abrumadora y eficaz.

Como parte de las indagaciones, la ex Secretaría Nacional de Inteligencia deberá aclarar el uso de fondos de una comisión ad-hoc conformada para dirigir el proceso.

Varios militares y policías perdieron sus trabajos, otros estuvieron privados de libertad y hasta hubo quienes fueron glosados y se les obligó a pagar con el dinero de sus sueldos dichas glosas.

Lo peor es que el duro episodio del 30 S se llevó vidas humanas y lastimó a varias familias. Su recuerdo es triste y la necesaria reparación, compleja.