Prevaleció el sentido de la oportunidad. El fundador de Wikileaks había abandonado su régimen de arresto domiciliario para instalarse en la Embajada ecuatoriana desde mediados de junio y supo, al igual que el gobierno de Rafael Correa, sacar el mayor provecho de la atención internacional sobre este caso. Al fin y al cabo, por motivaciones distintas, tanto el australiano como el Presidente de Ecuador han hecho del impacto noticioso su modo de vida.
Jurídicamente, el caso de Assange es muy sencillo o muy complejo, según se lo mire. Entre diciembre del 2011 y junio del 2012 el ahora asilado intentó y perdió la apelación a la decisión de la Justicia inglesa de extraditarlo a Suecia, país cuya Fiscalía le abrió hace dos años una investigación por presuntos delitos sexuales.
Para la Justicia inglesa, que no está obligada por el asilo diplomático, no se trata de una acusación política que da lugar al asilo que, en palabras del canciller inglés, William Hague, no se puede “usar para escapar de los procesos legales de los tribunales”. Lo procedente es ajustarse a las normas europeas de extradición.
Assange y su equipo de abogados, que incluye al español Baltasar Garzón, consideran que la Justicia sueca no es de fiar y se prestaría para entregarlo a Estados Unidos. Aunque en ese país no hay acusación alguna en su contra ni solicitud de extradición, el trasfondo político del asunto estaría en el juicio que se sigue al soldado Bradley Manning por sustracción de documentos, delito en el que se ha considerado instigador al líder de Wikileaks. Esta organización puso a circular desde el 2007 miles de documentos comprometedores de figuras públicas y gobiernos sobre la diplomacia y la seguridad de EE.UU. Mientras esperaba el resultado de su apelación a la extradición, estando en arresto domiciliario, Assange condujo un espacio de entrevistas en el que participó Rafael Correa, ocasión muy bien aprovechada por ambos: el entrevistador para tratar el tema de la libertad de información; el entrevistado para defenderse como democratizador de la información frente al control de los medios privados, y los dos para criticar el papel de EE.UU. en la política mundial.
Ahora, otro denominador común ha sido aprovechado: la supuesta intención del Gobierno inglés de capturar a Assange violando la inmunidad de la Embajada ecuatoriana. De inmediato, sin importar las aclaratorias inglesas, desde Quito se ha invocado a la Alba, la Unasur, incluso a la OEA, con grandilocuencia que recuerda los días del “golpe policial”.
Correa, el presidente que le ha declarado la guerra a los medios de comunicación, ha dicho que Assange aspira a “continuar su misión de libertad de expresión sin límites” en Ecuador.