Mientras se tramitan los proyectos urgentes en la Asamblea Nacional, quedan dudas por despejar.
El Ejecutivo propone, en uno de los dos proyectos enviados con carácter de urgente, un gran aporte económico para un Fondo Humanitario.
La solidaridad suena bien. Durante estos largos días de encierro y duro golpe a la salud y la economía, ella ha funcionado con aportes privados.
El proyecto, de acuerdo a los cálculos del Ministerio de Finanzas, prevé unos USD 900 millones de contribuciones de trabajadores y empleados del sector privado, según una escala.
Además, con la contribución de las empresas que ganaron más de un millón de dólares se esperaba recaudar otros USD 500 millones.
Todo sin tomar en cuenta que tanto personas naturales como grandes empresas ya aportan impuestos.
Pero convengamos en que la magnitud de la crisis, la penuria de la caja fiscal, y un déficit extravagante en función de nuestra realidad, lo requerían. Lo que suena inaudito es el desentendimiento de esta realidad del conjunto del sector público.
Da la impresión de que todo el país debe trabajar para que el aparato estatal siga como está, más allá de los esfuerzos de reducir su tamaño. No hay en el plan una baja de sueldos de los servidores y tampoco se ve que acompañen con una contribución.
Hay argumentos legales y hasta alusiones constitucionales. También se podría decir que las mismas razones asisten a empleados y trabajadores de las empresas privadas.
La exigencia de salarios públicos supera USD 800 millones cada mes.
El Ejecutivo y su cúpula se recortan sueldos por USD 116 615 cada mes. Eso no alcanza y llega mucho tiempo después del anuncio inicial.
Y los otros actores de la función pública hacen mutis por el foro. No se conocen los esfuerzos de otras funciones como la Legislativa, la Judicial, la Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana.
El sacrificio que tiene que hacer el país debiera ser equitativo. De lo contrario, parecería que la intención en Ecuador, en vez de impulsar la producción, es ahogarla.