Un país no puede vivir sin impuestos. Las empresas y los ciudadanos contribuyen solidariamente para sostener al Estado y a los sectores más vulnerables.
Se trata de un principio de equidad y redistribución indispensable.
Durante años, el país experimentó altos índices de evasión y elusión tributarias. Perjudicar al Fisco equivale a perjudicar sus tareas prioritarias.
La obra pública y el funcionamiento del Estado, al margen de su tamaño, se financian con los ingresos fiscales, y en el caso del Ecuador con lo que se recauda por la explotación petrolera.
El Fisco cobra a través del Servicio de Rentas Internas un impuesto contrario a la naturaleza del quehacer empresarial en épocas difíciles: el anticipo del impuesto a la renta. La fórmula de cálculo estima los ingresos y las utilidades y los proyecta como presuntivos para el siguiente ejercicio fiscal.
Cualquiera sabe que un año no es igual a otro. El entorno político, las variables económicas, la disponibilidad de recursos y gasto de la gente modifican sensiblemente esas cifras. De allí que el anticipo puede convertirse en un impuesto injusto y muchas veces perjudicial. Esa constatación se hace patente en época de vacas flacas, de contracción de la economía, de baja de consumo y aprietos empresariales.
El propio Estado ha visto la forma de exonerar del anticipo a sectores de exportación que se han visto ahogados. Ahora el planteamiento es que la exoneración se extienda a otros sectores.