Con la presión de un grupo de jubilados en huelga de hambre, y luego de dos semanas de negociaciones, el Gobierno consiguió diseñar un mecanismo para pagar compensaciones atrasadas a los jubilados del sector público.
El convenio alcanzado desactivó un problema político, gracias a la intervención del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
El Gobierno recurrió nuevamente al Banco del Afiliado para financiar obligaciones estatales, incluso fijando los porcentajes de descuento que se aplicarán cuando los bonos de los jubilados sean negociados en las bolsas de valores.
Para generar apetito por estos papeles, el acuerdo prevé la opción de usar los bonos como medio para pagar los créditos hipotecarios y quirografarios con el Biess. El Directorio de esta entidad todavía debe realizar las reformas internas que permitan viabilizar ese compromiso.
Lo anterior también elevará las inversiones del Biess en papeles del Estado, cuando la prudencia obliga a diversificar esas colocaciones para reducir el riesgo, más cuando los recursos que se están comprometiendo pertenecen a los afiliados al IESS.
El mecanismo diseñado por el Gobierno para atender a los jubilados surgió tras la negativa de una parte de ellos de aceptar bonos del Estado como forma de pago por compensaciones jubilares, pese a que este tema fue conversado meses atrás.
En el fondo, lo que se rechazaba eran papeles que no pudieran venderse con facilidad en el mercado en caso de necesitar dinero en efectivo. No hay que olvidar que en años pasados hubo casos en que los tenedores de esos bonos recibieron descuentos de hasta el 25%. Ahora se ofrecen descuentos que oscilarán entre 1,07% y 6,25%, según el plazo, aunque esas cifras no respondan a la oferta y la demanda en el mercado.
El arreglo alcanzado con un grupo de jubilados evidencia que el saneamiento de las finanzas públicas es un proceso complejo. Las medidas que se necesitan aplicar deben mantener criterios de prudencia, más todavía cuando están comprometidos recursos de los afiliados.