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El fin de semana se reinició la polémica entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) sobre la deuda que mantiene la primera institución por la derivación de pacientes para el tratamiento de la enfermedad.
En los días previos, se habló de la suspensión del servicio de ‘call center’ para el agendamiento de citas médicas que tenía contratado el propio IESS con una empresa a la que también adeuda varios millones de dólares.
Adicionalmente, una nota publicada por este Diario el domingo mostraba que pese a la inversión de USD 65 millones por parte del Estado, las quejas ciudadanas por la escasez y la falta de medicinas en los centros públicos de atención sanitaria se mantienen en el país. Una situación que ocurre, ademas, en el sistema de seguridad social.
Ypara rematar, el Registro Civil tuvo que emitir declaraciones sobre los reclamos de los usuarios del organismo en torno a la persistencia de deficiencias en los procesos de entrega de los documentos de identificación que le corresponden.
Estas situaciones perfilan, por sí solas, la crisis por la que atraviesa el aparato estatal en su conjunto actualmente. Sin embargo, a todo ello se suman las denuncias publicadas la semana anterior por varios medios de comunicación respecto del bajo nivel de inversión pública que registran, en lo que va del año, varias entidades dependientes del Gobierno.
Una situación paradójica que termina siendo indignante, pues no se concibe que mientras por un lado las falencias en la prestación de servicios en todos los órdenes se acumulan todos los días, por el otro se muestre inacción para usar recursos que podrían aliviar esas carencias y, al mismo tiempo, reactivar en algo la crítica economía nacional.
¿Falta de recursos? ¿Incapacidad de acción? No importa cuál sea la respuesta, pero el actual estado de las cosas requiere de una acción gubernamental inmediata o las consecuencias para el régimen y para el país pueden ser muy graves.