Inseguridad ciudadana

El Ecuador atraviesa por momentos críticos en materia de inseguridad. Si en el 2016 el número de homicidios intencionales fue de 960 casos, en lo que va del 2021 ésta cifra se ha disparado a 1885 casos. Hay un aumento de 5,81 a 10,62 muertes intencionales por 100 mil habitantes en tan solo 5 años.

Esto se debe, en primer lugar, a la proliferación en Ecuador del narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato, así como con lo ocurrido recientemente en las cárceles. La guerra entre bandas ha dejado en los últimos meses más de 120 muertos solo en la Penitenciaria del Litoral. Pese al “estado de excepción” decretado por el presidente de la República, la crisis carcelaria continua, especialmente en Guayaquil. No hay autoridad ni institución del Estado que pueda estabilizar la situación.

A más de ello, otro de los factores que generan inseguridad tiene que ver con el incremento de la violencia social. La Fiscalía contabiliza, por ejemplo, 1.149 muertes intencionales de mujeres en este año.

Es cierto que la situación de inseguridad es más grave en provincias donde el narcotráfico y actividades conexas han proliferado. Sin embargo, en todas las provincias del país hay problemas de inseguridad relacionados con asaltos a personas y robo de domicilios, locales comerciales o vehículos.

Pese a que buena parte de la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana recae principalmente en el gobierno nacional, la Policía Nacional y el sistema de justicia, los gobiernos subnacionales deberían tener un mayor protagonismo. El literal n) del Art 54 del Cootad faculta a los GAD municipales a la “creación y coordinación de los consejos de seguridad ciudadana con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados… los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”. El literal n) del Art. 50 del Cootad fija también atribuciones en esta materia para los GAD provinciales.

¿Qué se hace a este respecto? Muy poco. Si en algunos municipios se cuenta con una secretaría de seguridad o consejos de seguridad ciudadana, las políticas y planes no existen o, a su vez, están mal formulados. Hay municipios, como es el caso de Quito, que no tiene un diagnóstico actualizado de los factores que generan inseguridad, así como planes y acciones integrales para mitigarlos.

Al no tener un diagnóstico de los principales factores de inseguridad, las acciones son erráticas y poco eficaces. Eso sucede, por ejemplo, en la intervención del Centro Histórico de Quito. Se enfocan principalmente en las ventas informales. Como si esta dinámica fuese la causa principal de inseguridad. “Ordenar el espacio público” no es prevención y protección en materia de seguridad.

La seguridad en la actualidad apunta a la protección integral del ser humano en sus diferentes dimensiones. Hacia allá deberían encaminarse los esfuerzos de instituciones y autoridades.