Ecuador, enfrenta el desafío de libertad y desarrollo ( Parte 1)

Ecuador frente al espejo republicano: cómo transformar el orden legal en libertad real?. El excelente artículo de Gerardo Villacreces Carbo publicado en este mismo espacio plantea una tesis incómoda pero necesaria: el capitalismo y la democracia no sobreviven con instituciones débiles, prensa amordazada o un poder que se confunde con la voluntad del gobernante.

Para nuestro país, esta advertencia no es retórica; es un diagnóstico de su propia realidad. La Constitución de 2008, a pesar de su tono garantista, ha sido aplicada de forma selectiva, y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) aún contiene figuras que castigan la crítica. Sin embargo, el país tiene todas las herramientas legales para virar hacia un modelo republicano, siempre que exista voluntad política; y cuando el Presidente respalda a la Asamblea Nacional, esa voluntad puede traducirse en reformas profundas, siempre que se entienda que apoyar no es someterse, sino construir consensos.

El artículo 16 de la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente y participativa, y el artículo 18 consagra el derecho a buscar, recibir y difundir información sin censura previa. Sin embargo, el problema no está en la norma constitucional, sino en las leyes infraconstitucionales y en la práctica judicial. El COIP, en su artículo 87, tipifica la “injuria” contra funcionarios públicos con penas de prisión y multas, lo que ha sido usado históricamente para disuadir a periodistas que investigan corrupción o mala gestión. Además, la Ley Orgánica de Comunicación (vigente con reformas) mantiene figuras como la “responsabilidad ulterior” que, aunque en papel buscan proteger la honra, en los tribunales se convierten en un mecanismo de censura indirecta.

Para cambiar esto, el Presidente y la Asamblea deben impulsar una reforma integral del COIP que derogue el artículo 87 y todas las sanciones penales por opinión, limitando la responsabilidad a la vía civil y solo cuando exista dolo probado. Al mismo tiempo, se debe modificar la Ley de Comunicación para eliminar cualquier referencia a “desacato” o “falta de respeto” hacia autoridades, y sustituirla por un sistema de arbitraje de medios con participación de colegios de periodistas y universidades, sin intervención del Ejecutivo. Esto se puede reforzar con un decreto ejecutivo que establezca un consejo editorial autónomo en los medios estatales, con miembros elegidos por concurso público y no por afinidad política, daría una señal inequívoca de que la mordaza no tiene cabida.

La Constitución ecuatoriana creó un andamiaje institucional de enorme solidez formal: la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General y la Contraloría gozan de autonomía en el papel. Pero en la práctica, la designación de sus autoridades se ha politizado, y los presupuestos han sido recortados cuando sus decisiones incomodan al gobierno de turno. El artículo 212 de la Constitución faculta a la Corte Constitucional a dictar sentencias vinculantes, y el artículo 208 le otorga competencia para controlar la constitucionalidad de los decretos ejecutivos. Sin embargo, se han dado deformaciones como la equivocada, consulta sobre el cierre del ITT, afectando directamente el desarrollo del país, los GAD y las instituciones académicas que reciben fondos del Estado.

La estrategia republicana exige que el Presidente y la Asamblea acuerden un mecanismo de nombramiento por consenso calificado para todos los altos cargos de control. Esto no es una concesión a la oposición, sino una garantía de que las instituciones no serán capturadas por ninguna facción en ningún momento, e incorporan a personas altamente calificadas.