Ecuador, enfrenta el desafío de libertad y desarrollo ( Parte 3)

La reforma debe empezar por flexibilizar los umbrales para las consultas populares: reducir el número de firmas requerido del 5% a un nuevo valor más real del padrón electoral, y eliminar la calificación previa de la Corte, dejando solo un control posterior de constitucionalidad. La revocatoria del mandato, que hoy solo puede ser solicitada por el Presidente o la Asamblea, debe abrirse a la iniciativa ciudadana con el mismo umbral. Esto devuelve el poder al ciudadano y desincentiva el populismo, porque los gobernantes saben que pueden ser juzgados por sus electores.

Igualmente, la Asamblea debe reformar el COIP para descriminalizar las protestas sociales, limitando las detenciones a casos de violencia comprobada y estableciendo que el derecho a la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y reunión. Las fuerzas de seguridad deben recibir protocolos claros de actuación que prioricen el diálogo sobre la represión, y cualquier exceso debe ser sancionado por la Fiscalía en forma severa, sin influencia política. Esto no es debilidad del Estado, es madurez democrática: el orden no se impone con tolete y bala; se construye con reglas y confianza.

El escenario actual, con un Presidente que apoya a la Asamblea, es una ventaja que se debe aprovechar correctamente. El error sería interpretar ese apoyo como una licencia para imponer reformas desde arriba. La estrategia republicana exige que el Presidente delegue la iniciativa legislativa a sus aliados en la Asamblea, pero no para que voten en bloque, sino para que hagan posible un diálogo con los otros integrantes del parlamento, y con los gremios empresariales, académicos y sociales. El Presidente debe presentar estas reformas como un pacto nacional por la república. Para ello, puede conformar una comisión mixta de legisladores de las distintas bancadas, que redacten los proyectos conjuntamente.

La Asamblea, por su lado, debe actuar con disciplina republicana: aprobar las reformas en primer debate, pero permitir que las comisiones recojan las observaciones ciudadanas y las incorporen. El Presidente debe vetar cualquier añadido que atente contra la libertad de prensa o la independencia judicial, y si el veto es rechazado, la Asamblea deberá reconsiderar, pero solo con una mayoría de dos tercios. Este mecanismo asegura que las reformas no se desvirtúen. Además, el Presidente debe usar su rol de jefe de Estado para comunicar pedagógicamente el sentido de cada cambio: explicar que el orden no es obediencia, sino confianza; que la inversión no se atrae con favores, sino con reglas; y que la república no es un proyecto de partido, sino un compromiso de todos en procura del progreso y bienestar nacional

Ecuador tiene la Constitución más garantista de su historia, y tiene un Congreso que puede reformar las leyes secundarias con relativa agilidad. Lo que falta no es capacidad normativa, sino coraje político para usar esas herramientas en favor de la libertad. El artículo de Villacreces al que me referido y analizado con profundidad, no pide un cambio de modelo económico, pide un cambio de modelo de gobernanza: pasar del estado de excepción perpetuo al estado de derecho efectivo. Las cuatro reformas aquí esbozadas: libertad de prensa, instituciones autónomas, reglas estables y disenso protegido; no requieren una nueva Constitución, solo requieren leyes orgánicas y decretos ejecutivos, que el Presidente y la Asamblea pueden aprobar en un año legislativo.

El costo político es alto: el oficialismo perderá herramientas de control, y la oposición tendrá que asumir la responsabilidad de fiscalizar sin demagogia. Pero el beneficio es mayor: la confianza interna y externa, traduciéndose a la necesitada, inversión privada tanto nacional como extranjera, la reducción de la pobreza, creación de empleo y, sobre todo, la recuperación de nuestra dignidad republicana.

Cuando la mordaza sale por la puerta, la libertad entra por la ventana. Ecuador no necesita elegir entre orden y libertad; necesita un orden respetuoso que nazca de la libertad, y que esta no se confunda con libertinaje, porque solo ese orden es estable y legítimo. El Presidente y la Asamblea tienen en sus manos la llave de esa transformación. La pregunta no es si pueden hacerlo, sino, si quieren hacerlo?. La historia los calificará por los resultados; no por las leyes que firmen, sino por las libertades que defiendan.