El presidente Moreno anticipó que, en marzo, presentará el programa económico del Gobierno. Se supone que, después de nueve meses de ejercicio del poder, se producirá por fin un cambio de rumbo en el manejo de la economía.
Que el plan estará dirigido a la estabilidad fiscal, la reactivación económica, la apertura y estímulo para las inversiones, la generación de empleo y el fortalecimiento de la dolarización, anticipó el primer mandatario. En esta materia, se espera una orientación distinta a la que predominó durante la década pasada y se ha mantenido en los nueve meses del actual régimen.
Ese viraje implica la salida del ministro de Economía Carlos de la Torre. No resultará fácil hallar un reemplazo. Porque nadie quiere bailar con la más fea. En la danza de la década, entre los peores resultados se cuentan los de la economía. Paradójicamente, se produjeron a pesar de que nunca antes un gobierno contó con tantos recursos económicos, pero el de Correa los gastó sin previsión alguna; además, contrajo una deuda que creció en forma vertiginosa y sobrepasó los límites que fijaba la ley; para romper ese techo modificó, en octubre de 2016, la forma de calcular el endeudamiento: excluyó las obligaciones con entidades públicas.
Moreno aseveró que la deuda que dejó el gobierno de Correa bordea los $58 000 millones. Es la suma que le toca pagar al país y no solo la deuda consolidada, según la nueva forma de calcularla. Sin embargo el actual Gobierno ha continuado por la misma senda, contrayendo más deuda.
No es al ministro que reemplazará a De la Torre a quien le tocará bailar con la más fea, de acuerdo con otras opiniones, sino a quienes integren el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Porque peor que el manejo de la economía fue la desbocada corrupción. La falta de autoridades confiables de control y la ausencia de fiscalización política abrieron puertas anchas para la corrupción tanto que, para el actual presidente, “es muy probable que donde pongamos el dedo brote pus en el 60 o 70% de las instituciones” del aparato estatal.
El Consejo tendrá la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades de control y podrá anticipar la finalización de los periodos para los cuales fueron elegidas. ¿No es más complejo que superar la crisis económica recuperar los valores éticos y contar con autoridades confiables?
La cirugía mayor contra la corrupción todavía se halla en fase inicial. Mientras no tengamos una justicia independiente y proba, ¿a quién tocará enfrentar el monstruoso aprovecharse del dinero o el poder público en beneficio privado, es decir, bailar con una podredumbre cuya magnitud en la década calcula la Comisión Nacional Anticorrupción en más de $35 000 millones?