Más allá del legítimo derecho a la protesta y a la resistencia que tienen las organizaciones sociales e indígenas y en general los ecuatorianos, amparados por la Constitución, debieran valorar si con ello se arreglan los problemas en medio de la crisis económica y social, la pobreza y el desempleo. Meditar en el futuro de las familias y del país y no en réditos políticos de los grupos a los que representan.
Debieran trabajar y exigir la reconstrucción de la nación y no contribuir a su destrucción con la búsqueda del caos, como ocurriera en octubre del 2019. Hoy agravado por la pandemia y en peores condiciones económicas y sociales, que son prioridad, debiendo reconocer los avances en el proceso de vacunación.
Subsisten sectores que buscan pescar a río revuelto, atizar el fuego y aportar a la desestabilización, con argumentos reiterativos de oponerse por oponerse y exigir la eliminación del aumento paulatino de los combustibles. Presionan por la derogatoria del decreto para volver a la distorsión por esos subsidios, que tanto daño hicieron al país, con la pérdida de miles de millones de dólares que pudieron servir precisamente para la atención social a los más vulnerables. Cómo pueden reivindicar esta tesis que beneficia al contrabando y a los más ricos, a los que en el discurso cuestionan.
Valoren y replanteen demandas justas no resueltas, que si existen (la grave desnutrición infantil), antes de seguir con el viejo discurso y las plataformas de lucha del siglo pasado. Estas amenazas multiplican los riesgos, con escenarios inciertos y complejos, como advirtiera un alto jefe militar, que pueden afectar no solo a la existencia del Estado y la democracia sino a la vida de los ciudadanos. Por ello habló de la urgencia de fortalecer las capacidades de FF.AA. para actuar con decisión y firmeza y evitar más destrucción.
Más allá del legítimo derecho que tienen a una vida digna y a mejorar los ingresos y las pensiones, deben reflexionar sobre las acciones demagógicas y leyes que no cuentan con el debido financiamiento, aprobadas en esa Asamblea desprestigiada e irresponsable. Bien ha hecho la Corte Constitucional en observar a los legisladores y al anterior Ejecutivo por aprobar beneficios sin estudios de factibilidad financiera ni actuariales, que generaron falsas expectativas y un engaño a los maestros, que sí merecen atención.
Es hora de parar la prepotencia de ciertos dirigentes, que subsiste con el rezago nefasto de los 10 años del correísmo, y pensar no solo en su protagonismo sino en el bienestar de la mayoría. Es hora de sentarse frente al Gobierno y exigir soluciones, entre ellas la urgente focalización de los subsidios a los combustibles, que no afecten a los pobres y llevar a la mesa de discusión no solo discursos de protesta sino propuestas concretas y viables.