Para que sea fructífero un diálogo entre dos partes en discordia, debe enfocarse en la solución de un problema concreto. Eso evita, de un lado, que las reuniones de trabajo se conviertan en espacios donde cada participante se limite a reiterar sus convicciones ideológicas; y, de otro, permite que los resultados de ese diálogo puedan ser monitoreados objetivamente, en función de las soluciones presentadas por las partes para resolver el problema planteado.
Un aspecto clave de cualquier diálogo productivo es que ambas partes definan anticipadamente el resultado que deseen producir. Por ejemplo, antes de sentarse a la mesa de trabajo, los habitantes de un barrio deben estar acuerdo en que desean que el parque donde juegan sus hijos tenga mayores seguridades, alterando lo menos posible el diseño original de ese parque.
Una definición así de puntual permitirá que las partes utilicen toda su experiencia y creatividad en la producción de soluciones igualmente específicas y concretas, dejando de lado diferencias –generacionales, socio-económicas o de cualquier índole– que pudieran existir entre los habitantes de ese barrio.
De lo anterior se infiere que el éxito de un diálogo –más aún si es de alcance nacional– está en el adecuado escogimiento del tema. Debe ser uno suficientemente amplio para que concite el interés de la mayoría de ecuatorianos y, a la vez, suficientemente concreto para que pueda ser planteado como un problema que debe ser resuelto.
Si la invitación a dialogar hecha por el Gobierno es sincera y no busca ganar tiempo hasta que los ánimos de la ciudadanía se atemperen –una aspiración vana, dicho sea de paso– debería archivar para siempre las propuestas de ley en torno a la plusvalía y a las herencias.
En su lugar, el Ejecutivo de Rafael Correa debería convocar a un gran debate nacional para producir medidas que blinden la dolarización. Resguardar este formato monetario es un objetivo prioritario para todos los ecuatorianos –en especial para los más pobres– porque ha sido fuente de estabilidad macroeconómica y paz social (porque ha protegido la capacidad adquisitiva de las familias).
Debatir sobre cómo proteger a la dolarización no solo significará proponer correctivos al modelo económico vigente, sino también hablar sobre los cambios que requiere el país en torno al diseño de sus instituciones y de leyes más importantes. Es decir, es un tema tan amplio y estratégico que no se limita al aspecto económico, sino que abarca muchos aspectos de la vida nacional.
La dolarización –y no las herencias ni la plusvalía– es, por tanto, el único gran tema que puede hacer que la vasta mayoría de ecuatorianos se involucre de buena fe en un diálogo que arroje consensos de largo plazo y que evite que la crispación social siga creciendo hasta alcanzar niveles incontenibles.