Enrique Echeverría

Desorden en las minas

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Lunes 14 de diciembre 2020

Algunas minas de nuestro país, en lugar de riqueza, están causando sinsabores y retrasos.

Pero no faltan optimistas. Uno de ellos, candidato a Presidente de la República, Sr. Geovanny Andrade, afirma: Hay una minería que está ahí, oculta, que negocia grandes cantidades de dinero. Debe ser reconocida y, junto con la producción general, vamos a tener ingresos de más de 50 000 millones de dólares.

Este resultado no es solo para beneficio del país como tal, sino para sus pobladores.

Continúa el candidato: “Me veo en un año dando USD 1 000 a cada ecuatoriano mayor de 18 años, a través de la rentabilidad de la minería, para que haga su emprendimiento”. (EL COMERCIO, 2 de diciembre).

Voy, pues, a escribir una atenta carta al candidato rogándole que, a título de anticipo, me entregue USD 2 000 pero no de su dinero de la campaña, sino de la minería que administraría desde la Presidencia.

Pero hay dudas. Ha surgido una fuerte tensión entre los mineros formales que trabajan o quieren trabajar bajo contrato, y quienes actúan fuera de la ley y obtienen el oro a la fuerza. Hasta el momento tienen éxito los ilegales.

En Molleturo (Azuay) una compañía china trabajaba en el Proyecto Río Blanco y fue obligada a suspender su labor por una resolución de nuestra Justicia, muy conocida en el extranjero desde donde nos vienen las sentencias para que paguemos cientos de millones de dólares por perjuicios. (Caso Occidental)

Desde el fallo judicial, los inversionistas no pueden ni ingresar al campamento minero. Cansada de tanto esperar solución, los dirigentes de la compañía han pedido a nuestro inútil Estado… “iniciar conversaciones amistosas”.

En la provincia de Imbabura existe una rica zona minera de oro, cuya explotación está a cargo de una compañía extranjera. Aparecieron violentos que impulsaron los sentimientos de los habitantes de la zona y tuvo que actuar la Fuerza Pública para desalojarlos. Se ha formado una atmósfera tal que la población aledaña se fatigó de los efectos de la violencia, hasta el punto de proclamar: “Aquí no queremos minería legal ni ilegal”. Como efecto de la oposición de los ilegales se produjo destrucción de las instalaciones y maquinarias de la compañía. En resumen: hay conflicto entre ilegales y contratistas. La Autoridad solo llega al uso progresivo de la fuerza y al desalojo, pero los ilegales continúan obteniendo el oro que, en esa mina, es abundante.
Cabe averiguar: ¿los ilegales son ecuatorianos o extranjeros?

En una posible solución, no debe repetirse lo que la Sra. Alexandra Benavidez, dirigente de la Merced de Buenos Aires, dijo al reportero de EL COMERCIO: …“la resistencia de la población también tiene relación con las ofertas que hizo el Gobierno tras el desalojo minero. Nos ofrecieron programas de desarrollo y créditos. Pero no se cumplieron”.