León Roldós

La descomposición jurídica

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Miércoles 07 de agosto 2019

No es que antes del correato solo hubo leyes perfectas y fallos judiciales incuestionables. Pero, desde éste se multiplicó el abuso al legislar, lo que se extendió a fallos en la justicia constitucional y en la ordinaria.

Y no es ahora que lo estoy diciendo, lo expresé reiteradamente en la Asamblea Constituyente de Montecristi, diciembre del 2007– julio del 2008, cuando se alteraban los textos que se iban aprobando en las mesas y en el Pleno. Mi reclamo reiterado –y uso la misma expresión pronunciada en Montecristi- era que en algunas materias, los debates eran especies de masturbación colectiva, porque después de los recesos se recibían textos diferentes de lo aparentemente aprobado en las sesiones.

De hecho, el texto final de la Constitución de Montecristi fue ajustado, para su expedición, por eso, yo y dos asambleístas más, nos retiramos de la sesión, en protesta de lo que se estaba dando.

Lo mismo se repitió con la legislación. Entre los abusos está la multiplicación de las denominadas leyes orgánicas. En teoría constitucional –y así se expresa en la Constitución del Ecuador- sólo deben ser para regular 1) la organización y el funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución, 2) el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, 3) Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados; y, 5) las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral.

Correa, a las leyes orientadas a consolidar el estatismo y el centralismo en el ejecutivo, que todo dependa de éste, y –en muchos casos- a favorecer el riesgo de corrupción, las hizo declarar orgánicas, porque éstas no pueden ser derogadas ni reformadas sin mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea.

Moreno no es Correa, puede ser que Correa no regrese al poder, pero la legislación mafiosa debe ser analizada y reformada, porque es un peligro cualquiera que sea el gobernante.

Lo de fallos judiciales y de la anterior Corte Constitucional que son cuestionables por su origen, su imposición y su mala calidad jurídica ya está en el debate público.

La evaluación a los jueces que realice el Consejo de la Judicatura será a las personas, a los jueces, debe ser motivada, puede ser que algunos merezcan la sanción de la destitución, y otros tengan una calificación positiva, pero el andamiaje montado por el correato, caldo de cultivo de la corrupción, no debe quedar intocado, más allá de quienes sean los jueces actuantes.

La academia, las universidades y los colegios de abogados deben pronunciarse.

No habrá confianza, ni seguridad jurídica, ni merecerá respeto el poder, de no darse los correctivos jurídicos que se requieren.