El descalabro y sus costos

Ecuador atraviesa un momento crítico donde la gestión económica dista de responder a las urgencias de la población. La conducción del Estado se percibe errática, desprovista de prioridades claras y atada a una estricta dependencia frente a las metas fiscales que dispone el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el rigor técnico exigido en los papeles contrasta forzosamente con una praxis política que sacrifica la viabilidad económica y la atención social, en aras de réditos electorales inmediatos.

Un contexto complejo

El panorama fiscal es frágil. La acumulación del déficit, el riesgo inminente de incumplir las metas pactadas con los organismos internacionales y la falta de liquidez en el Presupuesto General del Estado amenazan compromisos básicos. Esta estrechez financiera repercute directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía, manifestándose en un sistema de salud desbordado por la falta de medicinas e insumos, y en la preocupante erosión de los fondos de la Seguridad Social, cuyos programas se encuentran al borde del colapso. En los sectores de menores recursos, la precariedad y el desempleo han dejado de ser indicadores estadísticos para convertirse en angustia diaria.

Medidas improvisadas y carencia de recursos

Frente a este escenario, la respuesta oficial ha incurrido en una notable irracionalidad presupuestaria. Decisiones recientes como el adelanto del décimo tercer sueldo, la concesión de feriados no previstos en la ley y la implementación del programa “Jóvenes en Acción” —que asigna $400 mensuales durante dos meses a un segmento amplio de la población, sin objetivos convincentes ni mecanismos de evaluación transparentes— revelan un manejo fiscal alejado de la planificación. En vísperas de un proceso electoral, estas medidas adquieren un claro sesgo demagógico que distorsiona la ejecución de los recursos públicos en lugar de resolver los problemas estructurales.

Las políticas sin un diseño técnico sólido, como las mencionadas, suelen traducirse en desequilibrios fiscales o distorsiones de precios -la inflación-., lesionando en forma inmediata la capacidad de subsistencia de la población más pobre. Sus objetivos nadan en la opacidad y no se vislumbran los efectos favorables que puedan tener por sobre los peligros de generar distorsiones en el uso de los recursos, alterando el flujo de tesorería.

Las medidas improvisadas carecen de redes de seguridad eficaces para el sector informal; los sectores más pobres terminan asumiendo una carga proporcionalmente mayor de la crisis que los sectores de ingresos altos. La historia económica de la región demuestra que la improvisación fiscal y el populismo de corto plazo no generan estabilidad; únicamente agravan las distorsiones, deterioran la confianza y terminan castigando con mayor fuerza a los sectores vulnerables.

Este uso discrecional del gasto público ocurre en el país simultáneamente con el debilitamiento del espacio político y del Estado de Derecho, donde el temor ciudadano y la tensión empañan la convivencia democrática.

La planificación relegada

Planificar el desarrollo no consiste únicamente en elaborar documentos y planes, o en acatar de forma pasiva recetas externas que muchas veces profundizan la inequidad. La planificación exige partir del diagnóstico riguroso de la realidad social, concertar objetivos con el sector privado y la sociedad civil, y orientar los escasos recursos públicos hacia prioridades estratégicas: salud, empleo formal e infraestructura básica. Implica, sobre todo, gobernar con transparencia, previsibilidad y un sentido de responsabilidad intergeneracional.

Es indispensable un giro sustancial en la conducción económica e institucional del país. El gobierno debe abandonar las medidas dispersas y de dudosos resultados y asumir el compromiso de formular una política pública seria, técnicamente sólida y socialmente equitativa. Solo sobre la base de la transparencia, la prioridad en el gasto y la búsqueda de consensos nacionales será posible devolver la certeza al aparato productivo y garantizar condiciones de vida dignas para la población.