Las desapariciones de los seres humanos

Tuve la oportunidad de conocer a Katy, una mujer humilde, de pequeña estatura y complexión regular, curtida por el sol de su ciudad. Honesta, gentil y servicial, está casada con un pescador que pasa semanas y meses en altamar. Hace 40 años formaron un hogar que se llenó de alegría con seis hijos: cuatro varones y dos mujeres. El cuarto, Josué Marcelo, era un joven cariñoso, jovial, muy querido en su entorno y buen estudiante. Se graduó como biólogo marino en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta y trabajaba en la empresa estatal MAGAR como inspector de pesca. Por su desempeño y responsabilidad, fue trasladado a Santa Elena. El 3 de enero alquiló una habitación cerca de su nuevo lugar de trabajo y desapareció. Desde entonces, el sufrimiento de su familia, especialmente de sus padres, es indescriptible. Los abruma la impotencia de no lograr acciones efectivas de rastreo o búsqueda: la Policía ofrece intervenir, pero no concreta resultados, y la empresa donde laboraba el joven no responde a los requerimientos de su madre. Ella subsiste desesperada, taciturna, marcada por una tristeza y un dolor profundos. Solo aspira a saber qué le ocurrió a su hijo, pero hasta ahora todo esfuerzo ha sido en vano.

La violencia, el crimen organizado, los sicariatos, las extorsiones, los asaltos callejeros y a domicilios, son las expresiones fehacientes de la peor descomposición social que atosiga a nuestro país. Uno de los hechos más crueles e inhumanos es la desaparición forzosa de personas: niños, jóvenes y adultos de ambos sexos y de las más variadas condiciones socio económicas y raciales.

El dolor, la desesperación y los angustiosos presentimientos que generan la ausencia inesperada y súbita de un hijo o hija, de un o una cónyuge, producen un impacto devastador y da lugar a la generación de una pérdida ambigua, que llena de incertidumbre y duda, pues no existe la certeza de si el episodio culminará en una funeraria.

Las personas desaparecidas en el Ecuador constituyen un problema crítico que se producía esporádicamente, pero que se presenta, en la actualidad, con inusitada frecuencia. Tan escasos eran estos sucesos que se los podía individualizar y recordarlos uno a uno.

Informes recientes, de organismos oficiales, indican que las desapariciones, se han incrementado notablemente. Desde enero a agosto de este año se han recibido 4.341 denuncias de desaparecimiento de personas: 45% hombres, 54,9% mujeres. En Pichincha 913; en Guayas 945, en Manabí 255.

Las denuncias abarcan a 2562 víctimas que oscilan entre los 0 y los 18 años y a 2014 del segmento entre los 18 y los 65 años. La Comandancia de la Policía ha informado haber localizado al 75% de los denunciados, pero subsisten 917 que siguen en investigación.

Entre enero y julio de 2026, Ecuador registró un récord de 742 personas desaparecidas, cifra superior a los 405 casos de 2025 y a los 229 de 2024, según el Ministerio del Interior, Guayaquil concentró 183 casos y Quito, 43. La violencia se manifestó con especial crudeza en 237 víctimas, reflejo del creciente irrespeto por la vida humana.

Un hecho especialmente preocupante es que 2 164 niños y adolescentes concentran el mayor número de reportes de desaparición durante el período analizado. Tres de cada cuatro casos corresponden a mujeres, en su mayoría de entre 12 y 17 años. Esta cifra aumentó un 137% respecto del mismo período de 2025. Eata vulnerabilidad se incrementa en ambientes familiares conflictivos, violencia familiar, influjo de redes sociales y reclutamiento de niños y adolescentes por bandas criminales para incluirlos en sus filas

Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2026 se registraron 79 desapariciones involuntarias en Quito: 66 de hombres y 13 de mujeres. Las cifras reflejan un panorama preocupante: el 54% de las personas fue encontrado sin vida y el 46%, con vida.

Los carteles con rostros de personas desaparecidas se multiplican en distintos puntos de Quito, Guayaquil y Cuenca, mientras las publicaciones de búsqueda difundidas por la Fiscalía son cada vez más frecuentes.

El aumento de desapariciones en Pichincha, Guayas, Esmeraldas y Azuay podría estar vinculado con secuestros extorsivos cometidos por grupos de delincuencia organizada, trata de personas, femicidios y reclutamiento forzado. Muchas víctimas han sido halladas sin vida, con señales de maltrato, heridas de bala o lesiones causadas por armas cortopunzantes. Las estadísticas señalan que las principales causas asociadas a estos casos incluyen robos mediante escopolamina, accidentes, abuso sexual, asesinatos y secuestros.

La Fiscalía General del Estado dirige las investigaciones, mientras la Policía Nacional apoya las tareas de búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas.

Familiares y amigos de las personas desaparecidas denuncian abandono institucional y una notable reducción de los operativos estatales. También señalan retrasos en la activación de protocolos y falta de coordinación entre las entidades responsables.

Esta grave crisis humanitaria y de derechos humanos tiene que ser abordada con respuestas e investigaciones oportunas, rápidas y constantes.