El primer reto que tiene Quito (como el resto de ciudades) es defender su autonomía, que consagra la Constitución y que dice que el Ecuador es un país democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Felizmente, desde mucho antes de ser República ya lo hizo. Por ello la proclama del 10 de agosto de 1809, Quito luz de América. No se puede aceptar más controles, como se ha venido haciendo en todos los campos.
Una cosa es establecer una necesaria armonía en la coordinación de la planificación y el desarrollo con Senplades y otra pretender soterradamente nuevas acciones de supervisión y sometimiento, con centralismo y más burocracia. El Código Orgánico de Organización Territorial, aprobado en la actual administración, consagra la autonomía y la descentralización bien entendidas. Precisamente fijó los GAD, los gobiernos autónomos descentralizados. Además, una nueva ley no puede irse contra los principios constitucionales.
En Quito existen también otros problemas básicos relacionados con la seguridad ciudadana, la movilidad, la protección del ambiente y las quejas diarias contra la burocracia por la lentitud en los trámites. El excesivo cobro de los tributos sigue siendo una carga que molesta. No solo la flexibilización con la aprobación de la Ordenanza y la consulta a la Corte Constitucional sobre la reducción a una parte de las multas sino el cobro excesivo por las patentes, la ineficacia para homologar el cobro de los peajes con el sistema nacional. El gobierno provincial de Pichincha lo hizo con el Ministerio de Transporte, pero Quito no se suma hasta hoy. La administración municipal tuvo tanto tiempo para hacerlo hasta que parte de la factura pasó en las elecciones últimas. Las promesas y los justificativos permanentes pudieron más que la aplicación de soluciones concretas.
La falta de arreglo definitivo de las vías de acceso al nuevo aeropuerto también sigue pendiente, incluso con costos más altos, uno de ellos la pérdida de tiempo para los usuarios que van y vienen del terminal de Tababela.
La actuación de los choferes del transporte público que mientras unos respaldan la reforma constitucional para la reelección presidencial, el resto sigue irrespetando las paradas y el control de la velocidad porque las carreras por las calles y el uso inadecuado de los carriles no han terminado. Igual el abuso de taxistas. Ese es un cuento de nunca acabar. Los controles municipales se evidencian más a los conductores particulares, lo cual está bien, pero debe ser más riguroso con el transporte masivo.
Pese a las campañas publicitarias, falta muchísimo por hacerse en el tema cultural. Para ello debieran servir las cadenas a fin de concienciar a la ciudadanía sobre el respeto a la ciudad, el mantenimiento limpio de la capital, no ensuciar el espacio público y afectar a quienes utilizan.