¿Podrá ser? Pues parece que sí. El CNE ha tomado la sorprendente y a mi juicio insólita decisión, no solo por la coyuntura y la imperativa austeridad a la que los entes públicos están obligados en aplicar con los fondos públicos, de autorizar la contratación de cerca de treinta funcionarios para que colaboren en los consulados ecuatorianos en el exterior en lo relacionado con el proceso electoral que se avecina.
Es más que legítimo, aparte de obligación constitucional, que la numerosa población migrante en el exterior se exprese a través del sufragio sobre quien deberá regir los destinos del país y quienes les representen en la Asamblea Nacional. También es necesario que la implementación de ese pronunciamiento democrático sea ordenado y transparente.
Ecuador tiene muchos, hasta demasiados, diría yo, consulados en el exterior para atender los requerimientos de los migrantes que debieron ausentarse del Ecuador principalmente por razones económicas. A esas numerosas oficinas consulares, muchas de ellas infladas innecesariamente de personal de cuota política para pagar favores políticos, de familia, compadrazgos o simples amistades, muy poco competentes algunos de ellos, se les puede encargar la tarea.
Y ahora resulta que el CNE, con la aquiescencia de la Cancillería, gasta dinero, que debe ser abultado, de los contribuyentes, es decir nuestro, para que viajen y trabajen en los consulados por cuatro o seis meses para apoyar en el proceso electoral. Me pregunto con la mayor buena intención: ¿para qué está esa mayoría de abultadas oficinas consulares si no, entre otras labores, precisamente para estos menesteres? ¿estamos en una época de bonanza económica como para dilapidar recursos en personal que no se necesita y en algunos lugares inexplicables que bien podría cumplir el personal profesional de los consulados?
Por experiencia propia he constatado que consulados bien dirigidos han gestionado correctamente elecciones en el pasado en el exterior sin ayuda de personal del CNE. Mucho nos cuesta mantener misiones diplomáticas y consulares afuera como para incurrir en ingentes e inútiles gastos adicionales.
¿Es admisible que se envíen ayudantes a Cuba, por ejemplo, donde solo hay 350 ecuatorianos registrados? ¿O, peor aún, a Tegucigalpa, donde habrá con seguridad mucho menos? ¿A Ottawa, donde el voto no es necesariamente presencial sino por correo? No, nos falta conciencia y responsabilidad. ¿Cuántas mascarillas, batas de bioseguridad, alcohol y demás materiales de protección se podrían adquirir con ese dinero? E insisto, los consulados con su personal profesional pueden hacer, y ya lo han hecho antes, el trabajo con eficiencia y corrección. ¿Para qué este dispendio?