Lo más valioso que hemos logrado construir colectivamente en este hemisferio para defender y expandir los derechos humanos y las libertades públicas corre serio peligro. Se trata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -para muchos observadores imparciales- una de las pocas instituciones con credibilidad y que funciona en la OEA.
La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (mecanismo que más irrita a algunos) son directamente responsables de los más importantes progresos alcanzados en ámbitos tan diversos como la despenalización de calumnias e injurias y derogación del desacato, la anulación de leyes de amnistía, reformas al fuero militar, acceso a información de interés público y derogación de normas discriminatorias.
Si este órgano ha sido tan exitoso, ¿por qué se ha desatado una verdadera campaña en su contra? Muy sencillo: porque ha tocado intereses importantes de gobiernos con claras tendencias autocráticas o lo suficientemente poderosos como para creer que tienen el peso para no rendir cuentas de sus políticas o prácticas a un órgano regional.
Lamentablemente, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en lugar de ejercer liderazgo para proteger a esta importante institución, se ha sumado a esfuerzos que la debilitan. Si la OEA, reunida en Bolivia, aprueba el informe elaborado por el Secretario, se reducirá la independencia de la Comisión, al otorgarle a la Asamblea poderes para redefinir lo que la Comisión y sus relatorías puedan o no hacer. Insulza propone reformar el estatuto de la Comisión en áreas claves para la protección como las intervenciones urgentes, la tramitación de casos y algo que incomoda a quienes más violan DD.HH.: los informes de países.
Estos ataques no son nuevos. Desde 1993 se vienen registrando esfuerzos para desacreditar o recortar las facultades de la Comisión. Gobiernos de distinto tinte ideológico, con nostalgia por la soberanía y el principio de no injerencia, descubrieron la fórmula perfecta: grupos de trabajo que eufemísticamente se les llama en la OEA de “fortalecimiento del sistema de derechos humanos”, cuando lo que realmente buscan es su debilitamiento y, si pudieran, hasta su sustitución.
En estas instancias conviven gobiernos que abiertamente intentan limitar las atribuciones de la Comisión y su Relatoría de Libertad de Expresión y gobiernos que la defienden desactivando las iniciativas más dañinas, lo cual sumado al apoyo de la sociedad civil, ha permitido a la Comisión sortear procesos inquisitoriales.
No es sorpresa que gobiernos de la Alba estarán muy complacidos al reformar de Comisión y su Relatoría. Lo que sí puede sorprender es que Brasil también lo apoye. Es decepcionante que un país que aspira a asumir responsabilidades globales, siga boicoteando a la Comisión.