Carlos Alberto Montaner

El derecho a matar

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Martes 11 de octubre 2011
11 de October de 2011 00:02

El presidente Obama ordenó la ejecución de Anwar al-Awaki, un fanático islamista estadounidense de origen árabe.

Ron Paul, candidato presidencial republicano, congresista por Texas, dice que Obama puede ser expulsado del poder por “asesinar” a Al-Awaki. ¿Por qué? La Constitución estadounidense, en su Quinta Enmienda, es clarísima: “Nadie puede ser privado de la vida sin un previo juicio justo”.

Obama preside una República regida por leyes que obligan a su cumplimiento a todas las personas. La función principal de la Constitución es limitar la autoridad de los gobernantes, y cuando estos se extralimitan existe el ‘impeach- ment’ para expulsarlos del poder.

Pero el Presidente estadounidense es el jefe supremo militar del país y se espera que defienda la seguridad nacional. Si Al-Awaki amenazaba la existencia de muchos estadounidenses con acciones terroristas, ¿no tenía Obama el deber de ejecutarlo, matarlo, o como quiera llamarse al acto de quitarle la vida?

El problema es que hay un peligroso vacío en el ordenamiento jurídico estadounidense. Tiene razón Obama cuando decide matar al terrorista. También la tiene Ron Paul cuando opina que los poderes presidenciales no alcanzan para eliminarlo. Es inconcebible que el Presidente tenga que solicitar permiso judicial para escuchar las conversaciones telefónicas de Al-Awaki, pero no para ordenar que le disparen un misil devastador.

Obama no es el primer mandatario estadounidense que intenta liquidar a un enemigo de la nación. Kennedy quiso acabar con Fidel Castro con la ayuda de la mafia. Reagan intentó matar a Gadafi mediante un bombardeo aéreo; Bush trató de terminar con Bin Laden. ¿Eran incorrectas esas acciones? ¿No se habrían evitado 70 millones de muertes si un experto tirador en tiempos de Roosevelt le hubiese disparado en la frente a Adolfo Hitler antes de que invadiera Polonia en 1939?

Hoy todo esto es peligrosísimo. Como principio, es muy alarmante que una persona pueda decidir por su cuenta si mata o no a un enemigo del Estado, pero además, el propio presidente Obama podría correr futuros riesgos si, tras abandonar la Presidencia, un fiscal extranjero pidiera encausarlo por asesinato, como le sucedió a Pinochet cuando visitaba Inglaterra desprevenidamente.

Quizá esto nunca suceda, pero no es imposible. En la era de la internacionalización de la justicia nadie está totalmente a salvo de una acción penal inesperada.

Acaso la manera estadounidense de evitar dificultades a sus ex presidentes sea crear, mediante una ley, una instancia judicial a la que los gobernantes estadounidenses puedan someterle ciertos casos extremos que deben ser juzgados y sancionados a muerte en ausencia, sin que el Poder Ejecutivo resulte convicto de actuar al margen de los principios y las normas de la República. Si existe el derecho a matar hay que regularlo.