El proceso de liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, que funcionaba en el cantón Rumiñahui, pone -otra vez- en debate los parámetros que las personas deben considerar en el momento de depositar sus recursos en una entidad financiera.
El sector cooperativo tiene un importante incremento en Ecuador desde la crisis bancaria de finales de la década de los 90. Las personas buscaron alternativas para entregar sus recursos y conseguir créditos. Esta tendencia no ha tenido interrupción, ni siquiera por los efectos de la pandemia. Debido a este desarrollo, dos entidades del país tienen altos niveles de activos, por lo que están consideradas entre las principales de América Latina, de acuerdo con escalafones regionales.
Justamente, el nivel de activos es un indicador que se debe considerar antes de confiar los recursos. La razón es que esos bienes servirán para cancelar a los depositantes en el caso de presentarse un imponderable. Un segundo factor es averiguar si la entidad tiene un seguro para cubrir las captaciones y hasta qué valor. En el caso de la Cooperativa Juan de Salinas, esa protección alcanza hasta los USD 5 000 por socio. Es decir, el 93% está cubierto y el porcentaje restante debe esperar a la venta de la cartera.
En Ecuador, uno de los factores que solo se consideran en el momento de depositar es la tasa de interés. Pero existen otros indicadores que -aunque son técnicos y para muchos difíciles de entender- se pueden exigir a los ejecutivos de la entidad. Entre otros está la solvencia, que es la capacidad de pago para sus obligaciones, sin importar cuándo tenga que hacerlo.
En este sector los depositantes no son clientes, son socios. Tienen un consejo de vigilancia, que es el órgano de control interno de las actividades económicas. Es independiente de la administración y responde a la Asamblea General. Además, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hace controles. Coop.
Juan de Salinas, por ejemplo, entró a proceso de revisión desde 2019. Ese órgano aseguró que la cooperativa no superó las causales que motivaron su intervención y su nivel de “alto y riesgo”.