Enfoque internacional

Defender la libertad

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Martes 10 de enero 2012
10 de January de 2012 00:01

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha probado ser un baluarte en la defensa del derecho a difundir, recabar y recibir informaciones, ideas y opiniones en todo el continente. La intensa actividad desplegada por la Relatoría molesta a los gobiernos y otros actores de la vida pública interesados en acallar la crítica, pero beneficia a los pueblos e individuos, sin discriminaciones de ninguna especie.

Por eso, el Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, acompañado por otros del mismo corte, emprendió una campaña en la Organización de Estados Americanos (OEA) para restringir el ámbito de acción del relator y hacer de la institución un organismo inocuo, incapaz de defender la libertad de expresión a cabalidad.

Son gobiernos cuyas actuaciones internas no dejan duda de su hostilidad frente a la libre expresión. Promueven leyes restrictivas, diseñadas para privar a sus ciudadanos del derecho más elemental, y se valen de sistemas judiciales constituidos a su imagen y semejanza para perseguir a sus críticos.

Por eso sorprende el resultado de la sesión celebrada el 13 de diciembre por el grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente de la OEA para analizar el funcionamiento de la CIDH y “el fortalecimiento del sistema interamericano”.

A última hora, Ecuador consiguió introducir en el documento final tres iniciativas destinadas a cortar las alas de la Relatoría. Primero, logró que el grupo de trabajo acogiera la propuesta de incorporar los reportes de todas las relatorías en un capítulo único del informe anual de la CIDH.

Los proponentes de la medida saben que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es la única que desde hace una década publica un extenso informe anual para evaluar el respeto a esa libertad en todos los países del hemisferio. También saben que su Gobierno no saldrá bien librado en los futuros informes.

Por último, Ecuador propone la adopción de un código de conducta aplicable a la gestión de las relatorías de la CIDH para asegurar la coordinación con los Estados miembros de la OEA. En el contexto de las demás propuestas de la diplomacia ecuatoriana, es impensable que el código se abstenga de imponer obstáculos a la actividad de la Relatoría Especial, impidiéndole emitir comunicados, cartas o recomendaciones con la celeridad necesaria para evitar la consumación de las violaciones a la libertad de expresión o el surgimiento de perjuicios irremediables.

Las propuestas del Gobierno del presidente Correa deben verse en el marco de su enfrentamiento con la prensa independiente ecuatoriana y la persecución judicial desatada contra ella. El Consejo Permanente de la OEA revisará las recomendaciones del grupo de trabajo en su próxima sesión, programada para este mes.