No me cabe duda de que el informe parlamentario que pide enjuiciar políticamente al presidente de la República, es un bodrio digno de servir como ejemplo de ignorancia e irresponsabilidad. Pero lo grave no es que el documento exista y que haya sido aprobado por la Asamblea Nacional; después de todo, tenemos una mayoría legislativa que ha dado abundantes pruebas de su ignorancia enciclopédica.
Lo que verdaderamente preocupa, es que no se trata de un engendro aislado ni de un adefesio excepcional. La práctica jurídica ecuatoriana está llena de aberraciones por el estilo, de documentos ilegibles; de textos que no construyen argumentos, sino cementerios para la lógica; de interpretaciones primitivas y simplonas, que tuercen todo lo que sea necesario para fundamentar cualquier barrabasada.
A pretexto de cumplir con la obligación de motivar las decisiones de los poderes públicos, se producen documentos farragosos, en los que leves asomos de argumentación se interrumpen constantemente con largas citas textuales de cuerpos normativos. Parecería que los abogados ya no necesitan entender las normas, les basta con copiarlas y pegarlas.
Los documentos legales deberían ser claros y concretos; deberían ir al punto y no decir más que lo necesario. El problema es que para eso se necesita estudiar, y entender los conceptos, y captar los problemas para plantear soluciones.
Es más fácil ser retórico y ampuloso, acumular páginas que nada dicen, pensar que redactar textos ininteligibles es sinónimo de inteligencia; vean, si no, esos largos informes jurídicos que producen nuestras instituciones y que ocupan 20 páginas, para decir lo que podía contenerse en una. Para lo único que sirven esos documentos es para atestiguar que la decadencia jurídica nos invade.
Pero qué se podía esperar, si tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura que rescata la importancia de los consejos de la magistratura, porque existen desde el siglo XVIII, luego de la Segunda Guerra Mundial.