Los ocho candidatos que aspiran a la presidencia de nuestro país deben participar obligatoriamente en el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. El debate es una discusión regulada sobre las propuestas de los candidatos, una confrontación de ideas en la que cada candidato formula su propuesta, la defiende y critica las propuestas de los otros candidatos.
El Consejo Electoral establece las reglas, una comisión designada prepara los temas y las preguntas y el moderador es encargado de lidiar con los candidatos. Las reglas deben ser simples y claras para asegurar la equidad entre los participantes.
En debates anteriores se incurrió en errores como repartir el tiempo entre los participantes o recortar tanto las intervenciones que no tengan la posibilidad de desarrollar adecuadamente las ideas. También se redujo el debate a preguntas y respuestas sin confrontación entre los participantes.
La confrontación permite captar mejor las diferencias y calibrar otros aspectos como el equilibrio emocional, el respeto a las ideas ajenas o la capacidad de escuchar. Los temas escogidos y las preguntas formuladas deben ser concretas y fundamentadas para evitar la demagogia y las generalidades. Las preguntas permiten evaluar la comprensión de los problemas y la calidad de las soluciones propuestas.
El moderador no puede limitarse a formular preguntas; la repregunta permite advertir que la respuesta ha sido evasiva o insuficiente, que tiene datos erróneos o soluciones quiméricas. El moderador debe canalizar la confrontación, evitar los insultos y cortar discursos evasivos. El debate es necesario para preservar la salud democrática.
Al margen del debate, se ha generalizado la idea de que la Revolución Ciudadana puede alcanzar la mayor votación en la primera vuelta, pero sin margen suficiente para evitar la segunda vuelta. Siete candidatos se disputan el segundo lugar. El que califique en segundo lugar puede ser presidente, como ocurrió en la elección anterior.