La relación entre la economía y la política siempre ha sido estrecha. En los siguientes días y semanas se verá más clara esa relación, cuando la Asamblea Nacional tramite reformas estructurales para lograr un desarrollo sostenible, inclusivo y con equidad.
En la lista están las reformas: tributaria, laboral y a la seguridad social. La primera se enviará en septiembre, la segunda para fines de año y la última quedará para el 2022, aunque todas son urgentes.
Existen dos escenarios para implementar esas reformas: a través del consenso o de manera vertical. Aunque el primer camino es más largo, conduce a resultados más sostenibles y es el mecanismo normal en democracias como la ecuatoriana. El segundo se aplica en regímenes con tintes totalitarios.
Lo que espera la ciudadanía es que la Asamblea cumpla su papel de intermediario entre la población y quienes deciden. Esa intermediación funciona mejor cuando existen partidos políticos sólidos y de alcance nacional que canalicen las demandas de los ciudadanos. Eso no existe en la actualidad y puede generar una desilusión en la ciudadanía cuando las decisiones políticas no respondan a sus necesidades.
En el país unos 280 partidos y movimientos políticos. En las recientes elecciones presidenciales hubo 16 binomios, pero no hay tantas ideologías que los justifiquen.
Los recientes escándalos de asambleístas que gestionan cargos públicos dejan más dudas sobre el papel de intermediación de la Asamblea para tramitar temas sensibles.
El Ejecutivo también espera que su agenda de reformas prospere en la Asamblea, porque responden a lo que fue votado como programa de gobierno en las elecciones presidenciales. Sin embargo, no hay señales de avances en las reformas a la Ley de Comunicación y a la Ley de Educación Superior.
Lo anterior marca un antecedente de lo que puede ocurrir cuando se envíen proyectos económicos que, por su trascendencia en las relaciones sociales, demandarán de debates más profundos, basados en ideologías sólidas que hoy no existen en la mayoría de partidos políticos.
Con este contexto, hoy empiezan las comparecencias en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea para tramitar la Proforma 2021. El telón de fondo para ese debate es la pandemia, que ha multiplicado las demandas sociales por el impacto que sigue causando el covid-19.
La prioridad debe ser los más pobres y aquellos deberá reflejarse en el gasto social. Sin embargo, también es real que los recursos públicos son limitados.
Para orientar más recursos a los sectores vulnerables se necesitará mejorar los ingresos fiscales y reducir gastos ineficientes. La reforma tributaria prevé conseguir recursos adicionales bajo el principio de progresividad, es decir, que quienes más ganen aporten más. Para bajar el gasto hay que focalizar subsidios, pero hay sectores que defienden subsidios generalizados a los combustibles.
Ese tipo de posiciones hace prever un debate económico con tintes populistas.