El último proyecto de Ley de Comunicación está en manos del presidente de la Asamblea y será sometido a debate. Es el enésimo proyecto en dos años de idas y venidas con pocas variaciones en el contenido. Llama la atención la introducción del artículo 23 en el proyecto estableciendo como norma lo que arbitrariamente se ha hecho en el caso contra el diario El Universo. El medio, sus propietarios, accionistas, directivos y representantes legales serán solidariamente responsables por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar.
Con pocas variaciones, sigue siendo el mismo proyecto que se discute desde hace dos años. “Se dan las vueltas como el danzante” decían las abuelas para describir situaciones como esta, en la cual se mueven pero no avanzan, dan la impresión de que realizan cambios, sin cambiar nada. El debate se ha enredado en unos cuantos temas como el consejo de regulación, las sanciones a los medios y el reparto del espectro radioeléctrico, pero hay otros artículos que han resistido a todos los cambios y están destinados a ahogar a la empresa independiente de comunicación.
La promesa de redistribuir frecuencias se introdujo con la intención de sumar votos, pero la mayoría de asambleístas sigue objetando el proyecto. Mientras tanto, el Gobierno ha pagado un alto precio internacional. En editoriales de diarios importantes de Nueva york, Washington y Los Ángeles se ha denunciado el peligro que corre la libertad de prensa en el Ecuador. En el Parlamento Europeo la canciller Catherine Ashton dijo que la libertad de expresión y la libertad de prensa son valores que están en el corazón de Europa y por ello vigilan de cerca el proceso contra El Universo y según el dictamen decidirán futuras acciones.
En el debate nacional las discrepancias de fondo están en la manera de concebir el periodismo. El Gobierno desea una prensa positiva, que dé buenas noticias y no husmee en las denuncias de corrupción. La prensa independiente cree que su tarea es vigilar al Gobierno y denunciar los casos de corrupción. No hay serias discrepancias en las definiciones, las hay en las aplicaciones.
Acabamos de ver un ejemplo. Tras la designación de autoridades en la nueva Corte Nacional de Justicia, uno de los diarios tituló: “El presidente de la vieja Corte es el presidente de la nueva Corte”. El titular es veraz, verificado, oportuno… pero al Presidente le disgustó mucho y consideró que había mala fe en ese titular. El Gobierno y los medios podrían ponerse de acuerdo en la definición de los términos, pero no coincidirán en lo que quieren ver en las noticias. El para qué quiere la ley el Gobierno es el por qué no quieren la ley los medios y la razón por la cual el proyecto no tiene los votos necesarios.