Se han inscrito para rendir el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) el 24 de noviembre próximo, 138 632 estudiantes, entre los cuales estuvieron ya en universidades y los nuevos bachilleres.
Todos aspiran llegar a la universidad, pero según las reglas de rendimiento seguramente merecerían muy pocos, pues parten de un supuesto de 997 puntos sobre 1 000, es decir personas ciertamente perfectas. Si obtienen 800 puntos, la nota equivaldría a 15 sobre 20 y calificación regular.
Miles de jóvenes van de aquí para allá; de allá para acullá, desde hace cuatro meses, preguntando lo que deben hacer para ingresar.
Concreto el caso de un joven bachiller que se graduó con nota 18 sobre 20. En el primer intento, con el nuevo régimen obtuvo 750 puntos que no le sirvieron para nada. Optó, entonces, por asistir a un curso de nivelación en uno de los numerosos centros que surgieron por doquier para ese fin.
En la Universidad Salesiana -entre otras- se iniciará el curso de capacitación nacional el 5 de noviembre próximo. El programa general de nivelación requerirá 560 aulas, para cursos que durarán 1 000 horas en total, con clases, tutoría, labores prácticas. Y en las primeras semanas impartirán enseñanzas sobre la “Universidad del Buen Vivir” (¿), además de Introducción al Conocimiento Científico y Lógica del Pensamiento.
La meta del “cambio” es que el país no cuente con profesionales mediocres, lo que es loable. El angustiado estudiante a quien me refiero, formuló este razonamiento: Varios de nuestros actuales gobernantes egresaron de las mismas universidades públicas; y, otros, de las cerradas. ¿Son, por ese origen, mediocres?
Prosiguió: la desesperación y la impotencia se agrandan cada día al ver, igual que yo, a decenas de jóvenes bachilleres deambulando de un lugar a otro, mendigando un cupo para seguir estudios en una carrera de nuestra preferencia. Me asusta ver que algunos pueden malograrse, pues comienza a circular la droga; o por lo menos, la bebida alcohólica.
Si el objetivo -añadió- es que se pueda acceder a universidades particulares, deberían regular los costes. La casi totalidad de estudiantes provenimos de hogares de corta economía, en los que el bajo ingreso de los padres impide que podamos llegar a esos centros educativos. Caminamos ya cuatro meses, sin horizonte, sin seguridad alguna de seguir la carrera de la preferencia en una universidad, pero no la carrera que le asigne el funcionario público en acuerdo con sus complicadas evaluaciones.
El Estado, como tal, buscaría evitar la universidad pública para hijos de “pelucones”; pero sus padres pagan impuestos y tienen derecho. Los de economía popular, con mayor razón, ya que es un deber ineludible e inexcusable del Estado otorgarla, según la Constitución de la República del Ecuador (arts.26 y siguientes).