Constitución garantista, estado garantista,’ ingenuidad garantista. Todos los garantismos han hecho crisis en estos días. El remezón de la consulta provocó la caída de los telones y puso en evidencia que, tras la literatura de Montecristi, lo que siempre hubo es la pura voluntad de poder y, lo más importante: que los derechos son estorbo, tropezón y problema; que el debate que ayudó a catapultar a muchos, fue entretenimiento y fanfarria de salón y que, cuando los catapultados se incorporaron a la burocracia, no dudaron en negar el debate, en esa hora ominosa en que el gallo anunciaba el nuevo tiempo revolucionario.
La Constitución encierra paradojas que tenían que explotar. Algunos lo advertimos hace rato. Su contradicción esencial está en que, al tiempo de incursionar en la retórica garantista, fortaleció como nunca antes al poder. Mientras en la ciudad Alfaro unos escribían los principios y suspiraban por la gente, otros articulaban la fuerza del Estado, blindaban la planificación a ultranza y armaban un sistema fundado en la obediencia de los hombres y de las instituciones. Y hubo, por cierto, de los otros, los que no acaban de definirse si por el Estado intervencionista o por los individuos inermes frente a la burocracia.
El artilugio constitucional tenía que hacer cortocircuito en algún momento. Ahora, el dilema se resolverá por la vía del poder, y no por la ruta de los derechos. Y digo esto, no porque no sean necesarias reformas que apunten a darle seguridad a la gente -que deben hacerse respetando los procesos constitucionales-, sino porque el poder pretende solucionar el tema de la crisis judicial en uso de la mano fuerte y de la pronta determinación del Ejecutivo, lo que llevará a una peligrosa dependencia de jueces y tribunales, lo que acentuará ese patético temor reverencial de los curiales, que ha menoscabado la dignidad, prestancia e imagen de la Función Judicial, proceso que viene en curso desde hace años, pero que en este tiempo ha adquirido relieves asombrosos. No veo en el horizonte de las instituciones públicas un solo hombre de leyes que enfrente el chubasco con el código como amparo, la razón como argumento y la Constitución como alero. No lo veo. Veo deserciones.
Después de la consulta, si triunfa la tesis oficial, y si fuesen coherentes los hombres del poder, debería reescribir la Constitución, reconocer en ella la realidad política, la concentración de facultades y la minusvalía de los derechos. Y deberían borrar ese mal chiste del quinto poder. Deberían eliminar el cuento de la participación popular, de la revocatoria del mandato, y toda esa retórica ingenua de los principios constitucionales. Es mejor sincerar las cosas, al menos así sabremos a qué atenernos, sin necesidad de justificaciones, interpretaciones o excusas. Sin las hipocresías de rigor.