Columnista invitado
El grupo Global Financial Integrity calcula que la corrupción cuesta a Latinoamérica unos 143 000 millones de dólares anuales, un 3% del PIB regional. Otras fuentes consideran que esa cifra se queda corta. Llevarse en secreto el dinero a paraísos fiscales para evadir impuestos es una de sus variantes. Se trata de un robo. La mejor vacuna en contra de los corruptos son instituciones de justicia independientes, transparencia estatal, prensa libre y sociedad empoderada.
La renuncia del Primer Ministro de Islandia y la del director de Transparencia Chile como consecuencia de los ‘Panama Papers’, son buenas noticias, pues dan a paso a ser investigados sin que medie la influencia que les brinda sus cargos. Pero hay países como Ecuador, donde parece imposible que el funcionario mencionado tenga el impulso o sea conminado por el Gobierno a dar un paso al costado.
En Ecuador el Gobierno se empeña en hacer todo lo contrario a aplicar una vacuna contra la corrupción. Incluso cuando un grupo de ciudadanos se organiza para enfrentarla, como es el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, reciben acoso, demandas y descalificaciones.
Los medios de comunicación están además expuestos a multas y procesos judiciales en el caso de recabar y exponer algo similar a los ‘Panama Papers’.
Hay pasto abonado para la corrupción, lo que es veneno puro para una democracia de por sí ya mermada. El discurso de las manos limpias es solo eso. Cualquier indicio expuesto, como lo ha hecho la Comisión mencionada, ha sido minimizado, rechazado o ninguneado.
Mientras, en las tertulias familiares y de calle se multiplican versiones que hablan de una supuesta corrupción en varios ámbitos del ejercicio público. La rendición de cuentas opaca, la falta de instituciones de justicia independiente y la prepotencia oficial, así como la persistencia de un discurso que miente al no reconocer la crisis económica en marcha, han potenciado un clima de desconfianza y sospecha.
Cuesta identificarse con alguien que pone las manos al fuego por el expresidente Lula de Brasil, a quien fiscales lo investigan por corrupción en un entramado en el que sus cercanos están involucrados hasta el cuello. Cuesta identificarse con quien defiende al decadente presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Si hay interés real en luchar contra la corrupción debería alentarse a organizaciones como la Comisión Anticorrupción, promoverse la libertad de prensa y trazar algún camino efectivo para que el país construya instituciones desligadas del poder en turno, sobre todo en materia de justicia.
Luchar contra la corrupción requiere de sociedades empoderadas. La fecha de caducidad del discurso de manos limpias, carente de contenido, parece estar cada vez más cercana.