Columnista invitado
Desde tiempos inmemoriales, los gastos reservados de que han hecho uso –y abuso- diferentes gobiernos, han sido materia de discusión y controversia. En la última etapa republicana, los gastos reservados utilizados por el vicepresidente Dahik en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén tuvieron especial relieve político y terminaron con su separación de la vicepresidencia, en la que tenía muchas atribuciones, como las tuvo el vicepresidente Glas, que ahora no tiene ninguna.
Fue el propio vicepresidente Dahik quien denunció que para la aprobación de ciertas leyes hubo que disponer de gastos reservados para conseguir el apoyo de ciertos diputados y que para que lo hagan los diputados del bloque socialcristiano, se acordaron los llamados “contratos colectivos” por los cuales el Gobierno asignaba recursos adicionales a los gobiernos seccionales de los que eran titulares miembros de ese partido. Esa denuncia le costó el proceso en el que se develó el uso de gastos reservados por el equivalente de 17 millones de dólares, que, según el vicepresidente Dahik, se hacía de forma tripartita, en la Presidencia, en la Vicepresidencia y en el ministerio de Gobierno. Es decir, se utilizaron 51 millones de dólares. Como se conoce, Alberto Dahik renunció a la Vicepresidencia.
En el gobierno del presidente Correa se sustituyó el servicio de inteligencia, que estuvo antes bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas y la Policía, con la creación de la SENAIN, que tiene un presupuesto de 66 millones en el año 2014 y 67 en el 2015. Más en cada año que todo lo que gastó el gobierno de Sixto Durán, que lo hizo con excesos.
La existencia de una cámara clandestina en el despacho presidencial –para filmar a propios y extraños- ilustra el alcance del espionaje institucionalizado, que ya nadie puede negar. No otra cosa fueron las cadenas oficiales en que se repetían mensajes privados de ciudadanas que en ejercicio de su libertad convocaban a marchas contra el régimen. Eso es la información que se remite al SRI para que inicie acciones a personas que reenviaban mensajes opuestos al gobierno. Se sabe ahora la utilización de esos recursos para adquisiciones millonarias en equipos de espionaje y frivolidades como el financiamiento del lanzamiento del satélite Pegaso o USD 41 521 mensuales para la seguridad de Assange en su asilo en la embajada en Londres. Rubros millonarios para intercepción de teléfonos celulares y filmaciones clandestinas. ¿Qué dicen los funcionarios que fueron filmados sin su conocimiento? ¿Cómo es posible que algunos defiendan semejante proceder?
Más grave que el gasto millonario y el despilfarro, es organizar el espionaje a propios y extraños y perseguir y denigrar a los opositores. Eso es lo que hacía Wladimiro Montesinos en el gobierno corrupto y corruptor de Fujimori: filmaba y luego chantajeaba.