El golpe que la corrupción propinó en Ecuador simplemente espeluzna. La ilegalidad topó las altas esferas del poder y ahora Ecuador es testigo de algo histórico: un vicepresidente con prisión preventiva, un excontralor fugitivo, seis exministros del anterior Gobierno, prófugos, encarcelados o indagados.
Como medida inmediata ante estos extremos se ha propuesto una consulta popular en la cual se incluirá una pregunta, para que las personas condenadas por corrupción no puedan reincorporarse o participar en funciones públicas. Y que tampoco celebren contratos con el Estado ecuatoriano.
La Constitución aprobada en Montecristi (art. 113, numeral 2) dice que quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado no podrán ser candidatos a una elección. En cambio, el Código Penal (art. 51) determina que una condena judicial restringe los derechos de una persona.
Entonces, la norma ya está vigente, pero el Gobierno quiere ir más allá y busca inhabilitar definitivamente a los responsables.
Eso estaría bien si el esfuerzo va acompañado con un trabajo sostenido en valores, que debería comenzar por las aulas escolares. Caso contrario, la muerte civil para los corruptos quedará en buenos propósitos.
Si no se mira a largo plazo nadie garantiza que en unos años el país vuelva a vivir, por ejemplo, lo de Carlos Pólit. Amparado en dos concursos, en los que obtuvo 100 puntos sobre 100 y 95 sobre 100, este excontralor quería perpetuarse en el cargo 14 años (hasta el 2021).
Pero debieron pasar apenas tres meses, desde su último triunfo, para que la Fiscalía abra un expediente por el delito de concusión.
Ahora, quienes lo nombraron también están en entredicho y el presidente Lenín Moreno planteó el cese de funciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.
Que en el país no se repita este caso ni el del vicepresidente Jorge Glas. Por el bien de todos, hay que tomar medidas que generen confianza.