Se pudiera pensar que las ofertas no cumplidas de Lenín Moreno -desde el tren playero hasta el diálogo nacional-, así como su imposibilidad de alejarse del todo del correísmo, lo han puesto a un paso de crear el escenario que quería Correa: regresar en el 2021. No convenía desgastar el poder en medio de la crisis económica pero, sobre todo, había que cuidarse las espaldas y esperar una ocasión mejor para recuperarlo.
Es, como dicen ellos, probable que a este gobierno se lo recuerde como el peor de la historia, pero es justo decir que también es posible que se lo recuerde como el que desató la relación entre el Ejecutivo y el sistema judicial y de control, y dio los primeros pasos para indagar la corrupción correísta.
Hay momentos clave de Moreno: la distancia con el exvicepresidente Glas y la consulta que provocó los cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el epicentro de los nombramientos para asegurar la falta de transparencia y la impunidad.
Ha habido sanciones a algunos beneficiarios de la trama Odebrecht; sentencias por los diezmos y varios procesos donde se han establecido indicios.
Los autoexiliados excorreístas se han multiplicado, unos para quedar fuera del alcance de la justicia y otros sin todavía haber sido requeridos por ella.
Pero hay dos procesos que en verdad pueden complicar a Correa, hoy prófugo de la justicia. El caso de los cruces de facturas con empresas contratistas para financiar las campañas de Alianza País, configura un delito grave, con parecidos ribetes al de Odebrecht. Manejaban los contratos del Estado y a la vez eran beneficiarios de los sobornos.
En cuanto al secuestro de Fernando Balda, se trata de un delito de lesa humanidad para cuyo cometimiento se habrían usado dineros y una entidad del Estado que obedecía a la Presidencia. Con la extradición desde España del ex titular de la Senain se aspira a que el delicado proceso avance.
Es temprano para vaticinar qué curso seguirán los casos, pero la pregunta más sencilla, al margen de que uno comulgue o no con Moreno, su liviandad y sus errores, es si algo de esto habría llegado a suceder si se mantenía el mismo modelo. La respuesta también es sencilla: no. Difícil que en un gobierno de Glas hubiera cambiado el estilo chiriboguista en la Fiscalía, el estilo jalhkista en la justicia, el manejo de los organismos de control.
Y tampoco se habría podido ejercer el derecho a la libre expresión. La Supercom habría seguido aplastando a los medios “opositores”, y se habría impedido que un grave caso de abuso a través del sistema judicial como la sentencia contra El Universo, llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se podrá decir que a nadie le conmueve la corrupción, pero se avanza. Prohibido olvidar este largo carnaval del 2020 como un posible punto de quiebre en la historia nacional.