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Pese a las críticas y amplio rechazo a nivel internacional, Nicolás Maduro será posesionado este jueves como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Su mandato se extenderá hasta el 2025.
Buena parte de los cuestionamientos han surgido no solo del fraude electoral que tuvo lugar en las elecciones del pasado 20 de mayo sino fundamentalmente por la consolidación de un sistema autoritario, narco militar y corrupto en Venezuela.
No existe independencia de los poderes del Estado. La justicia está tomada por los partidarios de Maduro. Los militares y la policía se han convertido en el sostén del régimen. La Asamblea Nacional, con mayoría de la oposición, está neutralizada por la existencia de una Asamblea Constituyente que, con plenos poderes, hace y deshace en este país latinoamericano.
En ese escenario, el Estado no está para garantizar los derechos de los ciudadanos sino solo de la cúpula corrupta que está en el poder. Luego de las intensas protestas que se dieron hace unos meses y la consiguiente represión desencadenada por el presidente Maduro, la cual dejó como saldo decenas de muertos y personas encarceladas, la posibilidad de lograr un cambio de rumbo a través de la presión ciudadana está prácticamente descartada.
Por ello, a más de la crisis económica, la hiperinflación, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la falta de empleo y la agudización de los niveles de precariedad, el factor político ha provocado que miles de venezolanos salgan de su país. En efecto, factores de carácter político, económico y social han provocado una crisis humanitaria nunca antes vista en la historia reciente de América Latina.
Frente a ello, los países que conforman el Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Estados Unidos y Canadá) han sido tajantes. Cuestionan las elecciones que dieron el triunfo al Maduro y desconocen la legitimidad del régimen. En la última reunión de cancilleres se resolvió además revisar el estado de las relaciones diplomáticas de los países miembros del Grupo de Lima con Venezuela, a más de impedir la entrada de altos funcionarios del gobierno venezolano.
En el caso de Ecuador, la postura ha sido de mantenerse al margen. Junto a Uruguay, República Dominicana, El Salvador y México, consideran que la crisis venezolana debería resolverse a través del diálogo. Da la impresión que es una postura cómoda, hasta cierto punto condescendiente y poco comprometida con la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Al igual que en regímenes dictatoriales y autoritarios, el régimen de Maduro quiere imponer su voluntad a raja tabla. Viola reiteradamente los derechos humanos. Mata y reprime a sus ciudadanos. Su sustento es la corrupción y el narcotráfico. En esas circunstancias, ¿es posible hablar de diálogo? ¿No es el momento para que el Ecuador revea su postura frente a Venezuela?