Óscar Vela Descalzo

Consultas peligrosas

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Domingo 07 de abril 2019

De un tiempo a esta parte, venga o no a cuento, queremos consultarlo todo. Y es que varios iluminados que arrastran las mañas de la década pasada, la del totalitarismo caudillista, repiten la letanía aquella de que las mayorías se imponen a las minorías, y, por tanto, de que a través del voto es posible legitimar arbitrariedades o conculcar derechos.

La última consulta popular, celebrada en Girón, provincia de Azuay, que rechazó por mayoría de votos las actividades mineras en el sistema hidrológico Quimsacocha, además de desconocer derechos consagrados en la Constitución, como el derecho al trabajo, al libre emprendimiento y a la seguridad jurídica, atenta contra el propio Estado al que le pertenecen de forma inalienable e imprescriptible los recursos naturales no renovables, entre ellos, los recursos energéticos y minerales sobre los que ejerce competencia exclusiva.

La consulta, engañosa e inconstitucional, levantó otra vez una discusión que propone confrontar al agua con el oro y a la minería con la vida, pero que en el fondo no se trata de una defensa del medio ambiente como se cree, pues muchos de los supuestos “ambientalistas”, responden en realidad a intereses no tan santos como los de la minería ilegal, la verdadera destructora de la naturaleza y de las fuentes de agua, que sigue imperturbable, sin que nadie la señale ni diga nada sobre sus prácticas perversas que, además del daño ambiental, contemplan esclavitud, trabajo infantil, prostitución, lavado de dinero, y un largo etcétera de otras violaciones.

No dudo que entre los “ambientalistas” que celebraron los resultados de la consulta exista un puñado que de buena fe piense que el oro, la plata y el cobre se quedará por siempre bajo tierra en Quimsacocha, pero todos los demás saben exactamente quiénes, en qué circunstancias y con qué consecuencias se explotarán esos recursos. Si a alguien le quedan dudas pregunte por Buenos Aires, Portovelo o Nambija.

Solo para comprender la gravedad que revisten este tipo de consultas tomemos las cifras del Banco Mundial sobre el uso del agua en el mundo: la actividad agrícola ocupa el 66% del agua disponible para uso industrial, mientras que la industria minera ocupa el 1.66% del agua. Por tanto, con la misma lógica usada en Girón, toda actividad agropecuaria, agrícola o florícola está en serio riesgo de ser vetada por la decisión de una población como la del pequeño cantón que resolvió, por encima de todos los habitantes del país, de la Constitución y del Estado, “dejar nuestros recursos bajo tierra”.

En una democracia no se consulta sobre derechos reconocidos y regulados por la Constitución y la ley, se los respeta y se los protege. Desconocer alguno de ellos por la voluntad de una mayoría no solo pone en riesgo a las actividades económicas, sino también la libertad individual para pensar, decir, creer o actuar, pues, cuando menos se lo espere, alguien más decidirá en nuestro nombre.