Enrique Ayala Mora

Hacia la consulta popular

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Viernes 07 de junio 2019

La realidad ha demostrado que el mal llamado “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” debe desaparecer, junto con el poder del Estado cínicamente llamado de “transparencia”.

Eso lo propuso Julio César Trujillo y para ello designó una comisión que, luego de su muerte, se ha reunido para llevar adelante ese planteamiento, como un paso adelante en la institucionalización democrática del país. Lo ideal para re formular la institucionalidad desde la base sería la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Pero hasta que haya consenso al respecto, la eliminación del tal Consejo de “participación”, es urgente. Ese es un instrumento de manipulación que introdujeron los correístas, malos imitadores de lo que el chavismo hizo en Venezuela. Anula la participación, deforma la representación y estatiza la sociedad civil. La sociedad se representa a sí misma, a través de sindicatos, federaciones, colegios profesionales, cámaras y asociaciones, sin que el Estado organice la “participación”.

Lo he repetido muchas veces: No es que el organismo haya sido mal manejado y pueda funcionar bien con otros miembros. Tampoco es cuestión de reducirle funciones. No debe existir en una democracia. Por eso se necesita una consulta popular. Eso se propuso Trujillo y ahora lo retoma el comité que él designó al promover la creación de una amplia plataforma ciudadana, no partidaria y no gubernamental, que formule las preguntas y lleve adelante la solicitud de la consulta.

Pero no se trata solo de eliminar el tal Consejo, sino de proponer alternativas para que se ejerzan las atribuciones que ahora tiene. A título personal, ratifico mi planteamiento de que esas atribuciones deben pasar al Senado y a una Comisión Cívica Anticorrupción.

Se debe reformar la Constitución y crear una Cámara del Senado, que existe en la gran mayoría de las democracias del mundo. Sus funciones deberían ser la nominación de las altas funciones del Estado, su control y juzgamiento, aprobación de trámites internacionales y revisión de leyes que aprueba la Asamblea Nacional. El Senado debería estar integrado por 24 a 28 senadores electos por lista de circunscripción nacional, con requisitos calificados. De ese modo, la otra cámara, la Asamblea Nacional, debe ser electa por representación provincial y debe reducirse el número de integrantes a no más de 84 miembros. Con eso habrá menos legisladores.

Así se institucionalizará el país, sin volver al pasado, cuando en el Congreso hacían repartos de altas dignidades con paquetazos. Se debe mantener la selección de candidatos a las dignidades por concurso público, con posibilidad de impugnación. La elección a base de méritos se inició luego de la caída de la “Pichicorte”. No fue invento del correísmo, que mas bien manipuló el procedimiento. Vamos adelante no hacia atrás.