Consulta irreflexiva
Para mejorar la aplicabilidad de la Constitución de Montecristi, el Gobierno quiere reformar algunas normas, con especial referencia a la necesaria reestructuración del sistema judicial, a la restricción de la capacidad de invertir de los accionistas del sistema financiero y de los medios de comunicación, al enriquecimiento injustificado y otros temas menores, a través de un referendo y consulta al pueblo, cuyo pronunciamiento puede determinar reformas o enmiendas a la Carta Política. Esto no habría sido necesario si los hacedores de la Constitución no hubiesen actuado con tan poca reflexión. Otras falencias y contradicciones deberán modificarse, como la revocatoria de los mandatos que induce a la inestabilidad crónica de las autoridades, en un país de comprobada inestabi-lidad política.
Impedir que los dueños de los bancos puedan invertir sus excedentes en otras actividades productivas parece exagerado, cuando ya existen prohibiciones relativas para ser accionistas de medios de comunicación. Impedir que los actuales accionistas de los medios nacionales de comunicación inviertan sus excedentes en empresas de otra índole también es inconveniente para el desarrollo de un país que carece de inversión privada para crear empleos nuevos. Esto denota que las preguntas fueron elaboradas sin un análisis detenido de las consecuencias sociales y económicas, ya que de ser aceptadas serán contraproducentes, aumentarán la desconfianza y ahuyentará a cualquier emprendedor nacional o extranjero.
Con este estilo de Gobierno, mañana se les puede ocurrir levantar otros obs-táculos a la inversión, aumentando la incertidumbre y creando turbulencias que esterilizan a la economía.
Lo lógico sería que el Gobierno reflexione y más bien fomente las inversiones privadas para crear empleos y disminuir la inseguridad. Todavía hay tiempo para corregir y sacar oportunamente el dedo del ventilador.
Sería insensato estar en contra del combate a la corrupción, pero no por ello se puede improvisar un nuevo concepto al aludir al enriquecimiento no justificado cuando ya existen leyes que cas-tigan el enriquecimiento ilíci-to. Por tanto, no hace falta criminalizar las actividades particu-lares a base de interpretaciones que pueden ser ligeras y malévolas para perseguir a personas honradas.
Se ve que estas preguntas fueron irreflexivas, quizá porque los hacedores dedican tan poco tiempo a estos asuntos de alta sensibilidad nacional por ocupaciones menores como viajes simbólicos o atención a minucias.
Por falta de un buen manejo del tiempo, los gobernantes actuales incurren en precipitaciones cuyas consecuencias ulteriores pueden afectar a los resultados que se persiguen y así dilapidar el capital político que todavía parece tener el presidente Correa.
