El plazo para pagar las utilidades venció el 15 de abril pasado y algunas empresas cumplieron con esta obligación, otras no lo hicieron porque se quedaron sin liquidez debido a la cuarentena. Y un grupo adicional, pese a tener liquidez, llegó a acuerdos para pagar las utilidades por partes, ya que esos recursos serán necesarios para cancelar los sueldos de este y de los próximos meses.
Si bien la minoría de empresas paga utilidades en el país, el ejemplo permite visualizar que el impacto de la pandemia depende del sector donde opera cada empresa, pero en todos los casos los negocios toman decisiones en función de su disponibilidad de liquidez y del escenario futuro para su sector y para la economía nacional.
Los sectores donde ya se ven efectos negativos por la pandemia son: comercio, turismo, esparcimiento, restaurantes, aviación, combustibles y automotriz, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierte un desastre en el empleo global. Las medidas de paralización total o parcial ya afectan a casi 2 700 millones de trabajadores, es decir, el 81% de la fuerza de trabajo mundial.
Las nuevas estimaciones de la OIT apuntan a que en el segundo trimestre de 2020 habrá una reducción del empleo de un 6,7%, equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. Ahí se considera reducción de la jornada laboral y despidos.
Ya se conoce que los efectos más adversos se verán en las economías en vías de desarrollo, donde hay alta informalidad, elevado peso de la deuda pública y espacios limitados para la intervención del Estado. Uno de los países más vulnerables es Ecuador, donde la dolarización hace que el impacto de un shock externo se traslade a la producción y al empleo.
Una flexibilización acordada en las normas laborales permitiría que el país cuente con un amortiguador ante la pandemia, sin descuidar que también es urgente crear fondos de estabilización para afrontar futuras crisis que afecten la economía nacional.
En este sentido, el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Asamblea para flexibilizar las relaciones laborales responde a una necesidad del país, aunque otras naciones de la región están aplicando la misma receta.
La normativa oficial propone, entre otras cosas, nuevos contratos por dos años para nuevas inversiones, ampliaciones del negocio, o para empresas que los requieran por la emergencia. Ahí, la jornada mínima sería de 20 horas semanales, con salarios y aportes a la seguridad social ajustados a ese horario, así como adelanto de vacaciones de los próximos dos años. El tiempo de reducción deberá ser definido entre el empleador y la mayoría de los trabajadores.
La Asamblea podrá mejorar y complementar la propuesta del Ejecutivo, considerando que al menos hay consenso en varios temas, por ejemplo, estimular la economía con recursos propios y externos, apoyar a las empresas a mantener los empleos, tomar decisiones basadas en el diálogo social y proteger a los más vulnerables.